El enemigo ya cruzó la frontera
Mientras el Poder Ejecutivo aprueba una norma de REINFO hereditario y protege mediante legislación la informalidad minera, el 18 de mayo en el río Yaguas, un contingente armado de las disidencias de las FARC incursionó desde Colombia enfrentándose a nuestras Fuerzas Armadas peruanas con fusiles, municiones de guerra y equipos satelitales. Una señal de que el Perú forma parte de un conflicto regional más amplio, donde el oro ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado funcionan como una maquinaria transnacional que opera con lógica paramilitar.
Lo grave es que las instituciones responsables de proteger la soberanía —Congreso, gobiernos regionales y una fuerza pública superada— están permitiendo, por acción u omisión, que nuestro país se convierta en un nuevo eslabón del “nexo crimen-terrorismo”. El Estado ha sido advertido pero sigue ciego. Las fuerzas del orden operan desbordadas en territorios dominados por economías ilícitas.
El problema no se reduce a la minería ilegal ni a la formalización frustrada. Es mucho más grave. Según el IPE, en Perú, el 44 % del oro ilegal de Sudamérica circula libremente alimentando una economía sombría que sostiene mafias, financia arsenales, corrompe autoridades y abre rutas logísticas para actores mucho más peligrosos. El REINFO, que, según el ministro Montero, se eliminará en 2026, se ha convertido en una licencia para que dichas mafias operen con impunidad.
Más allá del oro, se trata de soberanía. Son espacios económicos donde se negocia cocaína, armamento y personas, y que podrían estar siendo explotados por redes como Hezbollah, con antecedentes documentados en Venezuela, Brasil y la Triple Frontera (Argentina-Paraguay-Brasil). En 2014, fue detenido en Lima Mohammed Ghaleb Hamdar, agente de Hezbollah en labores de inteligencia sobre objetivos israelíes. En 2024, Perú emitió orden de captura contra Majid Azizi, presunto miembro de la Fuerza Quds iraní por planear un atentado.
La evidencia adicional de enfrentamientos en Putumayo y el control territorial ejercido por las disidencias de las FARC y otros grupos armados en la frontera peruana nos aporta una perspectiva clara: enfrentamos no solo una crisis de seguridad interna, sino una amenaza estructural a la seguridad nacional. Hezbollah e Irán negocian oro a cambio de gasolina y protección en el Arco Minero del Orinoco venezolano. En la Triple Frontera fueron planeados algunos de los atentados más devastadores del continente. Las circunstancias que propiciaron tales desastres están en nuestro territorio: ausencia estatal, cooptación institucional, economías del crimen y laxitud legal. Regiones como Madre de Dios, Pataz y el mismo Putumayo repiten esta fórmula con alarmante precisión.
Ante este escenario se requiere un cambio total de enfoque y liderazgo. Más allá de retóricas sobre “formalización” y silencios cómplices, se requiere un liderazgo estratégico, audaz y visionario, que reconozca que enfrentamos un desafío que trasciende el desarrollo regional y aborda la defensa nacional. Un liderazgo civil capaz de integrar inteligencia, cooperación internacional, presión diplomática, control territorial y un sólido discurso político. Que se tenga el coraje de afrontar el riesgo de convertirnos en una nueva base de operaciones del “nexo crimen-terrorismo” que circula por la región.
Las soluciones no son simples. El REINFO no puede ser vitalicio. Las zonas grises deben ser fiscalizadas con inteligencia, no con promesas vacías. La Amazonía debe dejar de ser tierra de nadie. El oro ilegal no puede seguir financiando la impunidad. El Congreso debe entender que legislar sin mirar el mapa geopolítico completo es jugar con fuego. Porque si no hacemos nada, seguimos llamando “informalidad” a la infiltración y las mafias. Así, un día despertaremos en un país que ya no nos pertenece, donde los enemigos no son del exterior sino que ya estarán entre nosotros y, además, mucho más organizados, armados y financiados por nuestras propias leyes.
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