El engaño del colectivismo
La comisión de Trabajo del Congreso aprobó por unanimidad ampliar a 15 días la licencia por maternidad a los padres. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, señaló que se estaría contemplando un “peaje social”, con el propósito de ayudar a los vecinos que vivan alrededor de las garitas, este anuncio lo hizo con ocasión de la presunta subida de la tarifa de los peajes de Rutas de Lima. Ambas noticias tienen en común el origen de su procedencia: el Estado, y transparentan un estilo de gobierno apañado por una ideología que subordina la sociedad al poder estatal, de modo que puede intervenir en ella sin el más mínimo rubor y, en cualquier asunto calificado de “interés general” o simplemente por acuerdos de bancadas.
El primer caso relativo a la gestión de los peajes, moteado de complicaciones éticas y económicas, se pretende resolver con subsidios a la demanda. Otorgar subvenciones no es magia, se costean con los impuestos de los ciudadanos, tanto con los de aquellos que difícilmente transitarán por ese tramo, como por los que tienen ingresos ajustados a la satisfacción de sus necesidades básicas. Esa discrecionalidad –que no es absoluta ni debería ser antojadiza– de los poderes del Estado para intervenir en el curso de la sociedad y de sus ciudadanos, suele utilizarse para: a) atemperar una crisis, “pateando para adelante” el problema; b) para granjearse simpatías a través de medidas populistas; y, c) por intereses ideológicos, se asigna recursos a grupos de interés o a proyectos alineados con aquellas doctrinas. No creo exagerar cuando afirmo que, a nivel de Occidente, no son pocos los países en los que imperan sistemas colectivistas o socialistas en los que gravita preponderantemente el Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos. Imponer una ideología implica una fuerte y sostenida inversión socioeconómica para inhibir y extinguir conductas o actitudes no ajustadas a esa visión y, sin solución de continuidad, establecer mecanismos de control que eliminan el pluralismo social e imponen el acatamiento obsecuente a los poderes públicos. Este estilo de gobierno termina secando la vitalidad de los ciudadanos, haciéndolos pasivos y dependientes a las iniciativas y leyes gubernamentales. La arbitrariedad en el uso y abuso de subsidios afecta al ser humano en su condición de responsable y capaz de resolver sus problemas personales y sociales.
La ley aprobada en la comisión de trabajo del Congreso bebe igualmente de esa visión estatista que, en el fondo, se comercia socialmente comunicando implícitamente que solo el Estado se preocupa por los trabajadores y a los empresarios les mueve el interés personal. ¡Solo los funcionarios gubernamentales son sensibles, buenos y, sobre todo, conocen lo que conviene a cada ciudadano! Una vez más, asistimos a una norma que discrimina a quienes –por falta de incentivos y leyes con sentido común– no trabajan formalmente. Se legisla para un sector de la población.
Con todo, ¿no sería mejor recibida esa iniciativa si se ofrece incentivos a quienes permitan que los nuevos padres ayuden a su esposa e hijo, no 15 sino más días?
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