El Estado mata con su abandono
En Paita, en la comunidad San Francisco, a escasas cuadras de las sedes del Municipio Provincial, de la Capitanía de Puerto, de la Subprefectura, de la Comisaría Sectorial y del Ministerio Público, ocurrió el 29 de julio un hecho que revela con crudeza la desprotección en la que vive el peruano de a pie.
Adrián Chunga Silva, un joven soldador de apenas 28 años, falleció de manera instantánea cuando una embarcación pesquera le cayó encima mientras realizaba trabajos de mantenimiento en un local dedicado a reparaciones navales denominado “La Cochera Bethel”. Chunga se encontraba soldando la quilla de la embarcación Mi Cautivo II cuando, por razones que se investigan, todo el peso del bote colapsó sobre su cuerpo.
Este trágico accidente ocurrió en un recinto que, a todas luces, no contaba con las condiciones mínimas de seguridad industrial ni, por tanto, con la adecuada supervisión de las autoridades competentes. La muerte de Adrián Chunga no fue producto del azar, sino de la indiferencia institucional y la permisividad con la que se opera en sectores tan sensibles como el de la construcción y reparación de embarcaciones, actividad que implica riesgos evidentes si no se toman las precauciones debidas.
Este lamentable suceso se produjo apenas días después de que la presidenta Dina Boluarte, en su mensaje por Fiestas Patrias ante el Congreso, presentara cifras macroeconómicas que pretendían dar una imagen de estabilidad y progreso. Se anunciaron obras monumentales, muchas sin siquiera perfiles aprobados, y se insistió en que el país marcha por el camino correcto. Sin embargo, esa “prosperidad” no alcanza al ciudadano común, que vive sin protección efectiva del Estado ni garantías para ejercer su trabajo con dignidad y seguridad.
Nuestra Constitución es clara: el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad (artículo 1.º). Pero la realidad desmiente día a día este enunciado. En Paita y otros puertos del país proliferan locales donde se construyen y reparan embarcaciones al margen de toda normativa. No solo operan impunemente y amenazan los recursos pesqueros —cuya sobreexplotación pone en riesgo la alimentación de millones de peruanos—, sino que también constituyen verdaderas trampas mortales para sus trabajadores.
Según información proporcionada a quien esto escribe, estos establecimientos solo reciben visitas de funcionarios que intercambian silencio e inacción por dinero, manchado de sangre y miseria. Resulta inaceptable que las autoridades de todos los poderes del Estado hayan renunciado a su deber de fiscalizar, sancionar y prevenir.
Las muertes como la de Adrián Chunga no son accidentes: son consecuencias directas de un sistema que privilegia el lucro inmediato por encima de la vida humana y que abandona a sus ciudadanos a su suerte. Este drama alimenta la desilusión y el descrédito que pesan sobre la clase política, así como la pérdida de legitimidad de las actuales autoridades.
La ciudadanía constata diariamente que la corrupción, la impunidad y la desidia son un cáncer con metástasis en todos los niveles de gobierno. Por ello, quienes aspiren a recibir la confianza del pueblo en los próximos comicios deberán ofrecer una ruptura clara con esta enfermedad sistémica.
La respuesta no puede provenir de fórmulas autoritarias que, lejos de sanar el mal, solo lo profundizan, como la historia reciente ha demostrado. El país necesita un proyecto democrático que devuelva al Estado su razón de ser: proteger la vida, la integridad y la dignidad de todos los peruanos, sin excepción.
Hoy, Paita llora a un hijo más. Y el Perú, como sociedad, debe preguntarse cuánto más soportará la ausencia del Estado que debería protegerlo.
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