El Estado no puede parar, está por encima de un gobierno
No podemos parar, más allá del descontento mayoritario a juzgar por recientes encuestas nacionales en la desaprobación de la actual administración, el Estado está por encima de un Gobierno, en el primer caso hablamos de un país soberano asentado en un territorio, según la RAE y cuyo principal objetivo es promover el bienestar general de sus habitantes, en tanto que el segundo, es el que lo administra, por lo cual los servicios públicos, el manejo de la economía, la generación de oportunidades, la seguridad ciudadana no se detienen, corren por cuerda separadas, como dirían los abogados, de las protestas sociales, que sin duda la afectan pero no deben impedir su desarrollo.
Estamos claros que el derecho a la protesta es el ejercicio democrático de la crítica hacia el poder de turno, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, pero no pueden ejercer parálisis en el desenvolvimiento normal del país, todos los días las autoridades toman decisiones para echar a andar la maquinaria de Estado.
En ese sentido la gestión de Dina Boluarte está en el deber de gobernar hasta el último minuto de su administración, inclusive en el escenario de que finalmente Ejecutivo y Legislativo oigan el clamor popular y adelanten las Elecciones Generales, máxime si nuestra economía pinta de castaño a oscuro al haber entrado en “recesión”, más allá que esto último no haya sido admitido oficialmente, pero lo que sí no pueden obviar son las estimaciones de las calificadoras de riesgo acerca del crecimiento del Perú para este 2023 que sería a duras penas de 1% y quizás menos, el llamado “Milagro Peruano” es ahora un recuerdo lejano.
Así las cosas, no habiendo tiempo para pestañear, se requieren medidas concretas en el mensaje presidencial de 28 de julio, no estamos para líricas, los peruanos exigimos acciones que reviertan la contracción de la economía, la forma y modo para disminuir la pobreza y pobreza extrema, medidas con carácter de inmediatez para reorganizar y fortalecer el Sistema de Salud que paradójicamente se encuentra en cuidados intensivos, con una insuficiente y deficiente Atención Primaria de apenas ocho mil establecimientos para los más de 33 millones de habitantes, sin contar que donde se pone el dedo salta la pus de la corrupción; urge el anuncio en boca de la propia jefa del Estado de que las Procuradurías denunciarán a las autoridades educativas a nivel nacional que por acción u omisión no hayan retirado de las aulas a los docentes con sindicación o denuncias de abuso sexual como lo establece la Ley de Reforma Magisterial o, que hayan por negligencia dejado vencer los plazos de los procedimientos administrativos o, de no haber dado cuenta de forma inmediata a los operadores de justicia y al Ministerio de la Mujer de dicha situación, como escandalosamente viene sucediendo en colegios de nuestra Amazonia, exponiendo a peligro la integridad de los escolares. Se requiere un discurso de Orden por Fiestas Patrias, realista y pragmático, con la cuota de autocrítica por los fallos de gestión y el mal manejo de las protestas sociales de diciembre pasado a inicios de este año y anuncios para compensar el daño. No habrá reconciliación sin justicia.
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