El feminicida Tarache debe ser expulsado de Colombia hacia el Perú
El venezolano Sergio Tarache que prendió fuego contra nuestra compatriota Katherine Gómez en el Centro de Lima, produciéndole en consecuencia la muerte, configurando el delito de feminicidio; ha sido hallado en Colombia, donde se encuentra detenido gracias a la rápida acción de la Interpol y en que la policía peruana ha tenido una destaca participación en su seguimiento y eso poco se dice y quisiera destacarlo. Tarache, al cierre de esta columna, permanece aún en Bogotá, y no entiendo por qué razón, la autoridad colombiana no ha decidido su expulsión hacia el Perú.
De conformidad con la ley nacional colombiana, Tarache representa una amenaza para la seguridad ciudadana cafetera, y de la población colombiana, son las mujeres de este hermano país, las que se encuentran en una situación de indefensión mientras Tarache permanezca en este país.
No cabe la deportación porque el perseguido por la justicia peruana no ingresó ilegalmente en Colombia, es decir, las condiciones en que fue detenido en Colombia fueron circunscritas dentro de la legalidad conforme las reglas establecidas para los extranjeros que se hallen dentro de este país. Lo que no debe pasar desde el objeto de la persecución punitiva es que Tarache sea expulsado a Venezuela, es decir, a su país. Ello consumaría un acto de completa impunidad inaceptable y francamente poco creíble de Colombia, volviendo a su gobierno cómplice, razonamiento del que me resisto aun cuando son conocidos por todos, mis críticas al Ejecutivo.
Una posibilidad que deberíamos descartar es recurrir a la extradición por la única razón de que será engorrosa y tratándose de un caso de evidencia incontrastable, es de esperar de Colombia, muy pegado a la defensa de los derechos de la mujer, una dosis de pragmatismo en su decisión para que sea consumada la expulsión de Tarache, que la opinión pública de la subregión está esperando.
Con nuestra Misión diplomática en el nivel de encargado de negocios, ahora podremos ver el impacto de hallarse en esa condición, por cierto, creada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Finalmente, este caso no es de naturaleza diplomática sino exclusivamente policiaco-criminal.
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