El flagelo de la inseguridad ciudadana

Sigue sin parar el azote del incremento geométrico de la ola de extorsiones, crímenes, asaltos y sicariatos que acompañan el diario vivir en gran parte de nuestro territorio nacional, y cuyo panorama genera una permanente preocupación ciudadana que produce un cambio de hábitos y costumbres del común de las personas, que tratan de “acomodarse” a esas nuevas características en las relaciones interhumanas. Las estadísticas que diariamente nos ofrecen los diversos medios de comunicación nos demuestran que los estados de emergencia, decretados en variados lugares de nuestro amplio territorio, no han sido efectivos y, por lo tanto, los resultados nos dicen que la decisión política encaminada a controlar dicho avance termina siendo equivocada. El tratar de encontrar a los culpables, o culpándose entre ellos, como lo vienen haciendo los titulares o autoridades de los organismos estatales, no resuelve ningún problema; pues, es únicamente un zafar el cuerpo sin reconocer su propia responsabilidad. Igualmente, promover “reuniones de café” a nivel de Consejo de Estado o encuentros, bajo el título de “comité de trabajo”, de los representantes de diferentes entes estatales, igualmente, no hacen sino postergar el planteamiento de soluciones eficaces para atacar la “agresión” delincuencial, a la cual se encuentra expuesto, todos los días, el común de las personas.
Se suma a esta cadena de equivocadas decisiones la forma en que se conducen o actúan los representantes congresales en su producción legislativa. Hemos llegado al colmo de errores y conductas equivocadas cuando se han perdido varias semanas en “buscarle” un nombre en particular a las leyes que producen. Las denominaciones de “organización criminal”, “terrorismo urbano”, “crimen sistemático” y otras más, son las que han merecido comentarios y análisis de especialistas en materia penal en estos últimos tiempos. Como resultado de estos “profundos estudios” salió una ley que, luego de una presión ciudadana (buena o mala; que no me atrevo a calificarla), el Congreso, “como gran novedad”, y “como si fuera un logro”, la modificó; todo lo cual evidencia la forma tan irresponsable de cómo se legisla.
Frente a las marchas y contramarchas de la producción de leyes, me atrevería a decirles a sus “productores” que les pongan a las nuevas normas legales el nombre que quieran; pues, lo que el pueblo quiere son soluciones a sus problemas que lo acompañan todos los días y en todo momento. Pues, se está comprobando que lo que la ciudadanía quiere no es que la sigan meciendo con nuevas leyes, sino que, en forma rápida y eficaz, se sancione a los delincuentes que, con su accionar delictivo, no nos dejan vivir en paz. Alguien dijo alguna vez que: “en el Perú nos damos las mejores leyes del mundo; pero siempre falta una: la ley del cúmplase”; (es decir, al final, los que tienen que cumplirla o hacerla cumplir, no lo hacen). Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se requiere es que las autoridades, en el sector o área que les corresponda, y en atención a sus responsabilidades previstas en las leyes vigentes (y no necesariamente en nuevas normas), cumplan con los compromisos que han asumido frente a la población peruana. Lo que los ciudadanos peruanos quieren es una justicia rápida y eficaz. Y que los resultados de la labor policial (que corresponde al Poder Ejecutivo), del Ministerio Público y del Poder Judicial demuestren que hay intención de conducirse de una manera más segura, por el camino que signifique, y así se perciba por parte de cualquier persona que sí está debidamente protegida. El orden interno y la paz social, por si nuestras autoridades se han olvidado, es también un derecho fundamental que el Estado, a través de los que tienen en sus manos administrarlo, está en la obligación de hacerlo realidad.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.