El gobierno de la delincuencia

La censura de Dimitri Senmache implica que el desastroso gobierno que padece el Perú ha logrado un nuevo récord, seis ministros del Interior en menos de un año.

Esto, por supuesto, agrava uno de los problemas más preocupantes que afectan a los peruanos, la inseguridad ciudadana. Según el INEI, el 85.3% tiene temor de ser víctima de algún delincuente. El Lima esa cifra se eleva a un descomunal 93.2%.

Esto es una muestra más de cuáles son las verdaderas inquietudes de la gavilla que se ha encaramado en el Gobierno. Les importa un comino el avance de la delincuencia, lo que les interesa es controlar y manipular políticamente a la Policía Nacional para usarla en función de sus protervos propósitos.

Como es obvio, la fuga de varios de los integrantes de la banda que encabeza Pedro Castillo -según la definición de la fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso-, ha sido posible por la complicidad de ciertos elementos en las fuerzas de seguridad del Estado.

Además, naturalmente, de los beneficios económicos que obtienen de diversas maneras, como por ejemplo los cobros de entre veinte mil y cuarenta mil dólares por los ascensos, según denunció el general PNP Javier Bueno, que renunció en noviembre del año pasado para no prestarse a ese latrocinio. Y quién sabe qué otros manejos turbios que esos truhanes estarán realizando.

En suma, el único interés del hatajo de pillos que se ha trepado en el Gobierno, es utilizar las instituciones para saquearlas y -en este caso- protegerse de la acción de la justicia.

Hay que recordar que esto se sabía desde la campaña electoral, donde quedó en evidencia que ni Castillo ni Perú Libre tenían estrategia alguna para combatir la delincuencia. A pesar de lo cual recibieron el respaldo entusiasta de todas las izquierdas y los caviares.

Y cuando se hicieron del poder, pusieron al frente del Mininter a gente sin preparación ni capacidad. O peor aún, a aliados del delito, como ese ministro que era un promotor de la coca ilegal y el narcotráfico.

El efecto de lo que está ocurriendo en la PNP es devastador. La inestabilidad, los cambios constantes no solo de ministros sino de jefes policiales a todo nivel, los descarados ejemplos de corrupción que se administran desde la cúspide del Gobierno, contribuyen a paralizar a la policía.

¿Qué incentivos para realizar un buen trabajo, en el que arriesgan la vida, pueden tener los policías que observan a los más altos cargos políticos involucrarse en el fango de la corrupción y proteger desfachatadamente a sus cómplices?

En síntesis, el deterioro y la desmoralización de la PNP avanzan sin pausa, precisamente el entorno que necesita el Gobierno para consolidar su control de la institución.

Si no hay soluciones radicales en el corto plazo, esto puede ser irreversible.