El gobierno de Odebrecht II
Pensé que con el artículo de la semana pasada quedaba agotado en lo esencial referirme a la nociva y estrecha relación entre el gobierno de M. Vizcarra y la empresa Odebrecht.
Sin embargo, encuentro que no solo resulta pertinente sino hasta necesario insistir en el tema, luego que en los últimos días han sido de dominio público hechos que quizás en otro contexto no tendrían la connotación negativa que si tienen y que por ello han derivado en la salida de cuatro ministros del gabinete Vizcarra. Ya totalizan siete ministros, de un total de diecinueve, que son cambiados por razones que implican o lindan con el escándalo, desde que el Congreso fuera abusivamente disuelto el 30 de setiembre de 2019.
Más aún cuando, indebidamente, se mantiene en el cargo al hoy PCM Zeballos que no solo conocía de los hechos sino que apenas hace un año, en diciembre de 2018, como ministro de Justicia autorizó a la empresa brasileña la venta de Chaclla para que un año después, a fines de diciembre pasado, su sucesora en el Minjus, designada por él y por M. Vizcarra, autorizara liberar de fideicomiso 524 millones de soles producto de esa venta.
Es decir, Odebrecht se llevó cabra y soga.
A lo señalado se agregan nuevos hechos, que hasta la prensa adicta al gobierno ha comenzado a poner en evidencia, y que llevan a concluir que para beneficiar a Odebrecht han venido actuando, concertadamente, los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo, sus alfiles en la Procuraduría (llamada constitucionalmente a defender los intereses del Estado) y también fiscales del grupo especial Lava Jato, quienes pese a estar obligados a defender la legalidad y a investigar el delito, serían responsables de haber archivado las investigaciones sobre corrupción en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Con ese archivamiento, no solo allanaron el camino para la liberación del fideicomiso del producto de la venta de Chaclla, sino para que la empresa brasileña pueda reactivar la vigencia del proyecto de transporte gasífero y busque venderlo para recuperar otros mil doscientos millones de dólares, que dice haber invertido en él. Todo ello pese a que grosso modo se estima que han defraudado al país por más de 15 mil millones de dólares en sobrecostos de otros proyectos desarrollados aquí.
Parece, que el Tribilín o Goofy versión peruana, que según el imaginario popular encabezaría todo lo descrito, dista mucho de ser sanamente ingenuo como el adorable personaje de la ficción disneysiana.
