El hundimiento de la barcaza
Hace escasamente dos semanas, las fuerzas navales de los Estados Unidos, ubicadas en aguas internacionales del mar Caribe frente a las costas de Venezuela, bombardearon y hundieron una barcaza que se dirigía a la isla de Trinidad, tripulada por once personas, que supuestamente llevaba un importante cargamento de cocaína y quizás otras drogas.
La presencia de esta barcaza con un cargamento de drogas fue detectada por los instrumentos espaciales de los Estados Unidos, y es muy probable que lo dicho por ese país sea cierto. Sin embargo, en opinión del suscrito, esa posibilidad, o mejor dicho, la casi cierta existencia del cargamento de drogas, no excusa el hundimiento de esa embarcación y la muerte de sus once tripulantes.
Al margen de la evidente hostilidad entre Venezuela y Estados Unidos y los esfuerzos del usurpador gobierno de Maduro de inundar a los Estados Unidos con drogas de todo tipo, ese hecho no justifica el ataque aéreo y la muerte de los once tripulantes, que, en mi opinión, constituye un acto reñido con el Derecho Internacional.
Un país de la capacidad militar de los Estados Unidos, así la barcaza estuviera alejada de sus costas, tiene los medios técnicos de abordar dicha embarcación y de inspeccionar su cargamento para verificar si en efecto llevaba drogas y detener, así como interrogar a sus tripulantes para averiguar quién los estaba enviando y para qué. El destino indirecto era o podría haber sido los Estados Unidos, pero el directo fue bastante más local: la isla de Trinidad, a varios miles de millas de distancia de las costas norteamericanas.
En actos de guerra, luego del intercambio de disparos y de todo tipo de armas, en el caso hubiere presos, estos no son fusilados, sino sujetos a un régimen de detención para llevarlos a un campo de prisioneros, luego de ser sometidos a procesos de interrogatorio. Aquí se optó por la vía más corta de bombardear la barcaza y de matar a todos quienes estaban adentro, lo que inevitablemente llevó a su hundimiento, así como de los cadáveres y del presunto cargamento de drogas, que ahora yace en el fondo del mar.
De manera que, si bien había la evidencia probable del contrabando de drogas, no existe la certeza absoluta de su existencia, a menos que el gobierno de Trump envíe a un equipo de buzos para inspeccionar la zona del siniestro y, de ser posible, rescatar la droga e incluso los cadáveres, que, delincuentes o no, merecen un mínimo de respeto en aras del derecho humanitario prevaleciente en el mundo.
Hay algo que el gobierno de Trump parece ignorar: los Estados Unidos no son los dueños del mundo ni tampoco el tribunal supremo del planeta. Existen normas jurídicas que también le son aplicables, como a cualquier otra nación. El objetivo de enviar una flota frente a las costas de Venezuela puede ser legítimo, teniendo en cuenta la naturaleza usurpadora del régimen de Maduro y la necesidad imperativa de restablecer la democracia en ese país, pero, en mi criterio, el bombardeo de la barcaza y la muerte de sus once tripulantes constituye una precipitación innecesaria que debió ser evitada, particularmente si existían otros medios para capturarla.
En este crucial aspecto, el gobierno de Trump ha actuado mal y merece ser censurado por su conducta abusiva y criminal.
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