El impostergable deber de prevención

La necesidad de la reducción de los riesgos de desastre fue introducida por la Organización de Naciones Unidas en la década de 1990 con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad de contar con un sistema de prevención de desastres eficiente y descentralizado, que responda a criterios de urgencia y oportunidad en favor de las personas más vulnerables.
El deber de prevención es, quizás, el más importante que tiene el Estado frente a los desastres naturales y, a su vez, el más difícil de cumplir.
Las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos no solo demandan atender a las víctimas y reparar el daño causado, sino garantizar que las violaciones de derechos no se repitan. Esta labor de garantizar su no repetición y de salvaguarda es parte también de este deber de prevención. Ahora bien, la prevención implica planificación y articulación que involucre a los tres niveles de gobierno, pero, además, responsabilidad y compromiso por parte de las autoridades.
Los fenómenos climatológicos, al tornarse en desastres naturales por su nivel de intensidad, requieren de una inmediata respuesta a gran escala por parte de la administración estatal para proteger a los grupos humanos que habitan en las zonas expuestas y sobrepobladas, lugares en los que la planificación urbana está ausente. La informalidad y la corrupción en los gobiernos locales deben ser combatidas con mano firme para evitar la posesión informal y precaria en los asentamientos humanos.
El Estado debe adoptar medidas positivas de prevención acordes a su compromiso internacional de protección de derechos humanos, y estas pueden ser tanto de acción como de omisión. El deber de prevención tiene una relación directa con el derecho a la vida y requiere de un sistema que involucre tanto al Estado como a la sociedad civil, pero, además, de un sistema de control activo que fiscalice el buen destino del gasto público destinado para tal fin.
Tanto SENAMHI como CENEPRED emitieron sendos informes desde septiembre de 2022 sobre los posibles escenarios de precipitaciones a nivel nacional, realizando recomendaciones que debían implementarse por el Poder Ejecutivo para prevenir y reducir el impacto frente al posible riesgo de los huaicos y deslizamientos. Los derechos a una vivienda digna o al agua y saneamiento están garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, pero el problema no es normativo ni presupuestal, sino de una pésima gestión a cargo de un Estado burocrático que no sabe articular, que despilfarra el presupuesto en gastos intrascendentes, con funcionarios poco capacitados y propensos a la corrupción, sumado a la indiferencia de las autoridades que solo piensan en los más vulnerables en época electoral.
Hemos pasado por una pandemia larga que desnudó la decadencia de nuestro sistema de salud pública, y hoy los huaicos revelan, una vez más, la inoperancia de un sistema de gestión de desastres que poco sirve para prevenir desgracias.

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