¿El ineficiente combate a la delincuencia es por ineficiencia o temor?

Los extorsionadores y los sicarios organizados en bandas han colmado las ciudades, chantajeando, intimidando, extorsionando y asesinando a empresarios, trabajadores y vecinos en empresas, centros de trabajo, centros comerciales, vehículos de transporte público y privado, calles y hasta en las viviendas. No solo usan armas blancas y de fuego, sino hasta explosivos e incendian. No existe una seguridad eficiente para la vida y los bienes (dinerarios) de las colectividades. Cotidianamente, las informaciones periodísticas escritas, radiales y televisivas dan a conocer delitos espeluznantes. ¡Todos vivimos con temor aun en nuestros barrios y domicilios!
Es innegable el sacrificado y tenaz servicio de la Policía Nacional, que permanentemente, y poniendo en riesgo sus vidas, está enfrentando a los delincuentes, deteniéndolos y, con los atestados policiales (que contienen las pruebas obtenidas) dentro del plazo normado, los pone a disposición del fiscal para que formule su denuncia ante el juez penal y este los procese sin dilaciones y los sentencie a penas privativas de libertad. Por lo menos, esto es lo que espera el vecindario de los magistrados, fiscales y jueces. Lamentablemente, muchas veces la Policía Nacional informa que autores de delitos que ya fueron puestos a disposición del fiscal correspondiente han sido vueltos a detener por nuevos delitos. ¿Quién resolvió darles libertad? ¿El fiscal o el juez penal?
No obstante los pedidos y protestas de sectores sociales, la saturación delictiva sigue sin resolverse política, legal y objetivamente. No caben otras explicaciones: hay una carencia de capacidad (o inteligencia) tanto de los políticos de los poderes Legislativo y Ejecutivo para aprobar y promulgar nuevas tipificaciones de los delitos con la imposición de penas severas –de total cumplimiento obligatorio–, para que de inmediato tanto los ministros y funcionarios públicos de los ministerios respectivos como los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial las apliquen y cumplan sin “contemplaciones” para los autores de la criminalidad.
Debe legislarse que los sentenciados por delitos devuelvan los bienes a los agraviados y paguen las reparaciones civiles. También se debe legislar para que el Estado no sostenga gratuitamente a los delincuentes detenidos o sentenciados, obligándolos a trabajar en las prisiones y sufragar la edificación de nuevas cárceles en las alturas andinas.
No obstante la constante reclamación de la población, ni el Legislativo ni el Ejecutivo –previo el debate respectivo– tienen el valor e interés de afrontarlo cumpliendo sus deberes y obligaciones políticas. Simplemente, no lo hacen, pese a que, como ciudadanos, deben conocer los efectos de la criminalidad (de nacionales y extranjeros). La falta de discusión, aprobación y promulgación de la mencionada nueva legislación penal –y su ejecución–, ¿es por ineficiencia o temor?

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