El infame sistema de injusticia peruano
Después de doce meses de producido el golpe de Estado que perpetró el golpista, ágrafo y corrupto Pedro Castillo y sus cómplices, Aníbal Torres Vásquez (libre a la fecha) y Betssy Chávez Chino (hoy provisionalmente presa), recién el Ministerio Público ha presentado su acusación ante el poder Judicial. ¡Como si se tratase de un misterio chino, la Fiscalía ha tardado doce meses enteros en “investigar” los detalles de un delito flagrante, como insurreccionar contra el poder establecido! Hecho que, por lo demás, sucedió ante cámaras; en vivo y en directo. Con lo cual no cabían dudas acerca de los detalles de ese obvio quebrantamiento de la Carta Magna. Por cierto, las grabaciones revelan las “órdenes” que dio el golpista Castillo que incluyen: la clausura del Congreso, del poder Judicial y las principales entidades públicas; así como una orden expresa para que la Policía Nacional capture e ingrese en prisión a la señora Fiscal de la Nación Patricia Benavides, entre otras clásicas “instrucciones”, comunes en estos quebrantos del Orden Constitucional.
Si doce meses ha tomado inculpar a un reo conocido; a un farsante cuyo prontuario lo conocía el Perú entero; a un pirómano que durante dieciocho meses continuos se dedicó a incendiar pública, sociopolíticamente a la Patria, sin guardar el menor respeto por la investidura que llevaba quien, además, ejercía las veces de Jefe Supremo de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mientras lideraba la facción magisterial de sendero luminoso responsable de asesinar a decenas de miles de soldados y policías; además, quien secretamente cumplía roles como conspirador contra el Orden Constitucional, mientras en paralelo hacía las veces de Jefe de Estado. Imagine entonces, amable lector, el tiempo que podría tomar que la Fiscalía de la Nación acuse ante el poder Judicial a cualquier ciudadano imputado por un delito menor si para acusar a un expresidente ha tardado un año, considerando la urgencia/trascendencia que tiene este proceso ante la opinión pública por tratarse de la primera autoridad estatal quien quebró la Constitución, y deberá castigarse con el máximo rigor para sentar el precedente de la gravedad del delito y evitar, en lo posible, futuros quiebres constitucionales que tanto daño socioeconómico, como descrédito mundial, le inflige a nuestra nación.
Esta es la gran pesadilla que soportan los peruanos, por culpa de un vicioso –y sin duda– infame sistema judicial y una pésima estructura de su Ministerio Público como representante del Estado para acusar a cualquier ciudadano que delinca. El país no puede ni debe seguir soportando estos plazos abusivos para que la Justicia haga su trabajo. Evidentemente, si continuamos como meros observadores viendo cómo año a año el Presupuesto del poder Judicial y del Ministerio Público se mantienen en el mismo nivel –no obstante la devaluación, inflación, etc., que afecta a los países– seguiremos teniendo los mismos –o peores– resultados de abuso. Más aún, cuando la persona imputada es inocente y tiene que soportar años de años sometida a esa incalificable tortura que es el erróneamente llamado “sistema de Justicia peruano”.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
