El informe de la CIDH debe ser rechazado

Analizando el Informe sobre los derechos humanos en el Perú durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA -uno de los dos brazos del sistema interamericano de DD.HH., pues el otro es la Corte Interamericana de DD.HH.-, luego de su visita al Perú, debo llamar la atención de mis honorables lectores de Expreso para sostener que se trata de un informe completamente alejado de la realidad y lo que es peor por su gravedad, absolutamente sesgado y parcializado -ni una sola letra acerca del policía quemado y de los militares ahogados-, en detrimento del Estado peruano que, junto a sus autoridades gubernamentales y a sus Fuerzas Armadas, es imputado de manera deliberada y con enorme carga ideologizada de cometer violación de DD.HH.

Aunque por razones de espacio en esta honrosa columna no puedo abordar hermenéuticamente su contenido, sí en cambio, luego de leerlo, puedo afirmar en tono enfático que el Gobierno del Perú, que tiene el monopolio de la administración del poder del Estado, y en consecuencia, del uso de fuerza, debería rechazarlo ipso iure y la forma de hacerlo deberá ser, a mi juicio, con una declaración política de la presidenta, Dina Boluarte, junto a su gabinete de ministros en pleno, y ante el Honorable Congreso de la República que debería recibirla en sesión especial.

La mandataria debe ser advertida con seriedad y franqueza de que el informe impacta negativamente en la soberanía nacional por más que su tenor tenga el formato de recomendaciones, y que ofende a la dignidad nacional por su descarada redacción acusadora e incriminadora, constituyéndose en plato servido para las decantadas denuncias en serie que pesarán de por vida contra los agentes del Estado -autoridades políticas y responsables materiales como pasó en el caso de Barrios Altos y la Cantuta-, dada la naturaleza imprescriptible de las denuncias por violación de derechos humanos.

En su intervención la jefa de Estado debería, al tiempo que necesariamente empoderar a las Fuerzas Armadas, anunciar la denuncia (retiro) del Pacto de San José de Costa Rica, que dejó de ser útil para los intereses del país.

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