El irrepetible presidencialismo norteamericano
En junio de 1827, se instala el Congreso General Constituyente, convocado a la caída de la dictadura de Bolívar por Andrés de Santa Cruz. La asamblea es presidida por el religioso liberal Francisco de Luna Pizarro y, a los pocos días, designa presidente de la República a José de La Mar, invocando las atribuciones proporcionadas por la Constitución de 1823. Siendo mayoritariamente partidarios del federalismo por el influjo norteamericano, consideraron peligroso aprobarlo mientras la Gran Colombia amenazaba con quitarnos parte del territorio, por lo que solo se instauraron las Juntas Departamentales. Lo que sí concretaron fue el modelo presidencialista, con la elección popular del jefe de Estado. En ese momento, gobernaba John Quincy Adams, y habían ocupado la presidencia de la Unión personalidades como George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison y James Monroe. Como sucede hoy en día, se adjudicó al modelo constitucional virtudes ajenas, sin observar que dicha forma de gobierno funcionaba por causas históricas y sociológicas que no se repetían en el Perú.
Desde que se conforman los primeros asentamientos de colonos ingleses en Norteamérica, las decisiones se toman en asamblea. Poco tiempo después, la población ya ha sido mezclada con escoceses, irlandeses, holandeses y escandinavos, todos muy poco afectos a la Corona británica. Por ello, el grito de independencia surge desde ciudades como Boston y es respaldado progresivamente por la mayoría de las asambleas coloniales, y finalmente por el Segundo Congreso Continental. En cambio, la independencia nos fue impuesta primero por el ejército argentino-chileno de San Martín y luego por el ejército multinacional de Bolívar, sin que hayamos tenido experiencia alguna en materia de asambleas democráticas que tomen decisiones importantes en función de nuestros legítimos intereses.
El federalismo norteamericano es real, las Trece Colonias eran muy diferentes y rivales entre sí, y la Convención de Filadelfia recogió la necesidad de tener dos sistemas jurídicos paralelos, el federal y el estatal, cada uno con sus respectivos sistemas judiciales. A ello se suma la estructura estatal de los partidos políticos, y luego, un denso tejido social compuesto por todo tipo de asociaciones que concretan el ideal de una sociedad pluralista, donde el individuo está protegido de la influencia del poder.
De manera que, mientras la elección del presidente norteamericano es un proceso sumamente complejo que moviliza intereses y tendencias de carácter estatal y de naturaleza federal, en nuestro país la elección presidencial sigue siendo la designación irresponsable del caudillo de turno, desprovisto de un verdadero partido político que lo apoye al interior de cada provincia; un gobernante que intentará administrar el aparato estatal de una sociedad mayoritariamente informal y ajena todavía a la práctica democrática.
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