El Jurado Nacional de Elecciones y la criminalidad

En Perú, en materia electoral, administra justicia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y no el Poder Judicial. Estamos en el año electoral del 2026 y la situación del país está terriblemente mal. La inseguridad ciudadana ha rebasado los límites de la violencia delincuencial y la criminalidad prácticamente domina la política. En 20 años, la economía delincuencial ha más que duplicado su fuerza y su territorio del VRAEM, y ahora estaría en la presidencia del Congreso, y su fuerza represiva ha superado a la del Estado.
En pocas palabras, sintetiza el embajador Manuel Rodríguez Cuadros en Expreso del domingo pasado:
“En el Perú de hoy suceden cotidianamente hechos que asombran y causan perplejidad a los observadores internacionales. Persistir en un sistema disfuncional que combina un presidencialismo debilitado con un Congreso sin límites funcionales equivale a prolongar la inestabilidad”.
En las próximas semanas se pretende derrocar a la presidenta, hecho que casi ocurre hace dos semanas. Ahora, en pleno año electoral, el golpe de Estado es inminente; pues, según el periodista Aron Salomón, la fiscal de la Nación, en estas últimas 48 horas, ha presentado cinco acusaciones constitucionales contra la presidenta. Estamos a un año del fin del periodo presidencial y debieran resolverse los problemas y no estar en golpes de Estado.
Se plantea, pues, que es sumamente necesario que el JNE asuma su responsabilidad, que es reprimir a la mayoría delincuencial de congresistas, reemplazándolos por sus accesitarios. Ante la arbitrariedad y estupidez tiene que oponerse la constitucionalidad o legalidad. No es posible ni legal la disolución del Congreso. Lo que es inaplazable es la sanción a la delincuencia congresal.
Los fiscales, estúpidamente, se creen fiscales de la “Nación”. Son únicamente fiscales en lo judicial-penal. La presidenta debe tener la tranquilidad para que haga su esfuerzo de resolver el asunto del desborde de la criminalidad, hacer efectivo el cobro de los 8,500 millones de dólares que nos deben las transnacionales, percibir el canon minero, prohibir la exportación de concentrados de cobre y que la fundición y refinación se hagan en Perú, se pague la deuda externa, se dé solvencia al nuevo Petroperú y se haga investigación severa de los sabotajes de los que es víctima actualmente, hacer las petroquímicas y restablecer la siderurgia.
Se llama la atención del JNE que los 42 partidos inscritos son franquicias. El único partido es el ANTAURO o Etnocacerismo, capaz de resolver los problemas estructurales del Perú. Tratar de proscribirlo es imbecilidad y traición al Perú.

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