El Legado: carrera de caballos, parada de burros

Sin infraestructura deportiva disponible y poco apoyo, solo algunos deportistas sobresalieron en competencias internacionales multidisciplinarias en los últimos cincuenta años.
En nuestro país, después de construir el Estadio Nacional, el Coliseo Dibós y el Estadio de la UNSA en Arequipa, se hizo muy poco. Tuvimos que ganar la sede de los Panamericanos Lima 2019 para que el Estado hiciera una inversión importante en infraestructura y designara como presidente del Comité Organizador a Carlos Neuhaus, quien logró que se construyeran a tiempo las sedes deportivas. Posteriormente, para asegurar que estas se mantuvieran operativas y en óptimas condiciones, crearon acertadamente el Proyecto Especial Legado.
Contar con infraestructura moderna y adecuada nos ha permitido recientemente formar mejores deportistas. Ya comenzamos a ser competitivos en disciplinas en las que antes no destacábamos. En los próximos dos años, nuestros deportistas competirán en los Juegos Bolivarianos 2025 y los Panamericanos 2027, que nos fueron asignados por la calidad y el estado de conservación de nuestros escenarios deportivos.
La semana pasada, el gobierno de Dina Boluarte decidió dar por concluido el Proyecto Legado, transfiriendo sus funciones y las cinco sedes deportivas al Instituto Peruano del Deporte. Es cierto que el Legado, por ley, se creó por un plazo determinado que ya se cumplió y corresponde ahora al IPD demostrar que es capaz de mantenerlas en tan buenas condiciones como hasta ahora.
Lamentablemente, este gobierno no es un buen gestor ni ha mostrado compromiso con el deporte. Su desinterés se refleja en la mezquindad con que asignaron recursos al IPD, los cuales ni siquiera alcanzan para preservar bien las casi doscientas sedes deportivas que administra.
Preocupa que el IPD, en su afán de generar recursos para solventar sus gastos, siga arrendando indiscriminadamente sus estadios y coliseos para conciertos, circos, etc., desvirtuando el objetivo para el que fueron construidos. El jefe del IPD, quien propuso la extinción del Legado, considera que la absorción eliminará duplicidad de funciones y generará economías. Acepta también que los sueldos en su institución van a mejorar. En este proceso, no se trata de desvestir un santo para vestir a otro. Se trata de que quienes desempeñen la función estén capacitados, sean competentes y lo hagan bien.
En este desgobierno, en postas de Castillo a Boluarte, parece que el Legado es otro apetitoso “bocado”. La prensa denuncia que habrían “lotizado” y repartido las instituciones del Estado entre sus aliados. Al hermano de la presidenta se le vincula con el IPD por su presunta influencia para beneficiar a su entorno.
Reemplazar buenos gestores del Legado por improvisados allegados del gobierno es como comenzar una dura carrera con entrenados caballos y, a mitad de camino, cambiarlos por borricos que, en su afán por “ganar”, podrían hacernos perder lo avanzado.

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