El mercado y no el Estado

Dirigentes sindicales de la región Arequipa acordaron el lunes acatar un paro indefinido a partir de la semana siguiente, “en apoyo a los manifestantes del Valle de Tambo que se oponen al proyecto minero Tía María”, informó un diario local. “El sur del país marca la agenda política en relación a la nueva Ley General de Minería anunciada por Martín Vizcarra”, pero “no es suficiente”, señalan.

En este sentido, avanzar en el diálogo de Tía María puede suponer despolitizar ese diálogo y dejar la función de mediador en el diálogo en manos de otros. Pero hace falta un tercero empoderado por las partes. No un mediador, ni siquiera un árbitro convencional, sino un tercero que pueda presentar por iniciativa propia a las partes –a las autoridades y a la empresa en Tía María–, una propuesta capaz de cambiar el paradigma del problema, que pueda encaminar el diálogo hacia un objetivo compartido.

Las partes no avanzan en el diálogo actualmente porque no pueden ponerse de acuerdo en el valor de lo que cada una aporta, ya que no existe un punto de referencia confiable para ambas. Solo el mercado, el libre juego de la oferta y la demanda –y no el Estado– puede proveer esa respuesta, con la información que permita a las partes tomar decisiones libremente.

Se sabe el valor en el mercado del recurso natural bajo la tierra, pero no se sabe el valor de la superficie sobre ella, porque el precio de mercado no puede formarse de manera equitativa si solo se tiene acceso a un pequeño mercado monopólico local o nacional y no al mercado global. En ausencia de esa información, las partes no pueden tomar decisiones duraderas.

Fue, por ejemplo, inmensamente exitosa la fórmula empleada en el caso del aporte voluntario de la minería durante el gobierno de Alan García, de 500 millones de soles anuales durante cinco años –2,500 millones de soles en total–, que fueron ejecutados en un 100% dentro de un esquema de obras por impuestos que permitía a las empresas mineras deducir de su impuesto a la renta la obra ejecutada en las comunidades de su area de influencia por convenio con el gobierno regional o local o con la comunidad misma.

Pero incluso en este caso excepcional, el esquema no pudo estabilizarse e institucionalizarse para durar. El gobierno de Ollanta Humala lo reemplazó de manera arbitraria por un régimen tributario especial para la minería que derivó todos los fondos hacia el gobierno central, que los devoró. Las comunidades se quedaron sin nada. Ni siquiera en ese caso lo provisional encontró el camino hacia una formula permanente.

Es lo que sucede y sucederá siempre mientras los derechos de propiedad no estén debidamente establecidos en el mercado y no dependan de la decisión política del Estado.