El mito de la incapacidad de Castillo

El mito de la incapacidad de Pedro Castillo fue utilizado hasta el último momento para intentar justificar la interminable cadena de presuntos delitos de su gestión. Incluso, en su penúltimo mensaje a la nación, habló de “errores” debido a su “inexperiencia”.

Sin embargo, las declaraciones de Salatiel Marrufo, ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso el día 7 de diciembre, pusieron en evidencia los mecanismos por los cuales Castillo habría incurrido en el cobro de sobornos a distintos empresarios para favorecerlos, llegando, en varias oportunidades, a cambiar directores en puestos clave del gobierno. Incluso, este colaborador eficaz aseguró haberle dado dinero en efectivo (100 mil soles) directamente a Castillo.

A las declaraciones de Marrufo se suman la avalancha de confesiones de ex funcionarios del Estado y empresarios, quienes, a fin de expiar sus culpas, decidieron ponerse del lado de la justicia, convirtiéndose en colaboradores eficaces, aceptando, con esto, haber cometido delitos.

Entre las declaraciones de estos colaboradores eficaces, ha trascendido que, entre los mecanismos utilizados por el ejecutivo para conseguir respaldo político en el Parlamento, se entregaba dinero a congresistas y también se les otorgaba puestos clave en distintas instituciones del Estado a personas de su confianza.

Estos presuntos actos de corrupción han venido generando una gran inestabilidad en la administración pública, que ha empeorado drásticamente desde que Castillo ingresó a la presidencia, volviéndola totalmente deficiente.

Es bien sabido que el retraso en la compra de urea se ha debido a temas de corrupción, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país y exponiéndonos a una inflación alimentaria en el corto plazo, lo que directamente perjudica a quienes menos recursos tienen.

El debilitamiento a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) también ha sido otra de las terribles acciones del gobierno contra la ciudadanía a fin de favorecer a grupos específicos que le brindaran respaldo, lo que generó una movilización de comunidades nativas, que lograron que se deroguen las resoluciones viceministeriales 118, 121 y 137 del Minedu que permitían que profesores sin conocimiento de lenguas nativas y sin capacitación asumieran cargos directivos en escuelas EIB.

Incluso la seguridad del Estado se ha visto comprometida durante los 15 meses que gobernó Castillo, pues otorgó a personas no idóneas que respondían a intereses de grupos específicos, cargos importantes en instituciones clave para la defensa nacional, como son la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Defensa.

El que Castillo pretendiera disolver ilegalmente el Congreso de la República, justo durante las declaraciones de Salatiel Marrufo en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, fue su último intento por atentar contra la institucionalidad del país, que, a pesar de estar debilitada, pudo sostener la democracia al rechazar el rompimiento constitucional.

La idea de que Castillo ha hecho un mal gobierno por incapacidad o inexperiencia, perjudicándonos a todos los peruanos, es una falacia, un mito, fortalecido por su narrativa de victimización y polarización, y no responde a los hechos. La deficiente gestión del gobierno golpista de Castillo parece haber tenido más que ver con una intención de aprovecharse del cargo, sin importarle el futuro de los peruanos.

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