El negocio electoral
Sería un total despropósito, si el nuevo Congreso decide poner en la congeladora la reforma política propuesta por el gobierno del presidente Vizcarra. Lo sería porque desconocería un mandato popular, que coincide con la necesidad de hacer realidad cambios estructurales en la forma de hacer política en el país.
Para nadie es un secreto que el financiamiento de campañas electorales y partidos políticos se ha convertido es un gran negocio, pues gracias a pagos camuflados y personajes “fantasma”, se formalizó por años y décadas el ingreso de dinero en estos menesteres, sin cumplir con la transparencia necesaria, y convirtiendo en nuevos ricos a “ilustres desconocidos”, que hoy no son capaces de demostrar la ruta del dinero que llegó a sus manos, en un país donde la inclusión no forma parte aún de nuestra agenda priorizada.
Las hipótesis de trabajo propuestas por la Fiscalía han sido confirmadas por diversos colaboradores eficaces, e incluso varios de los grandes empresarios del país tuvieron que admitir estos aportes ilegales, contraviniendo las más elementales reglas de ética y normativa vigente. Por ello resulta suicida para el sistema político vigente, que sus representantes se hagan de la vista gorda y quieran negar la enorme evidencia que demuestra esta conducta inapropiada, que debemos erradicar cuanto antes, y formalizar adecuadamente para saber quién es quién en el negocio electoral.
A ello debemos sumar la deficiente representación ciudadana. Es imprescindible que el voto popular tenga una adecuada representación territorial y demográfica, pero nadie quiere afrontar aún esta importante reforma que se cae de madura: la reorganización política del territorio nacional.
Un ejemplo concreto es Lima Metropolitana, que hoy tiene 43 distritos y siete más en el Callao. Esto significa tener 50 autoridades distintas, no articuladas, enfrentadas muchas de ellas, y con objetivos de gestión diferentes, administrando el mismo territorio, y “coordinando”, supuestamente, con el alcalde provincial.
No debe sorprendernos, por ello, la superposición de acciones y funciones sobre la misma población, o las normas contradictorias que emiten las distintas municipalidades. No debe sorprendernos, por ello, que estos múltiples desencuentros entre autoridades se conviertan en un caldo de cultivo para que germinen mafias de trámites, permisos y autorizaciones, que cada día hacen más compleja nuestra convivencia como comunidad.
¿Acaso es mucho pedir que se reorganice políticamente el territorio nacional? ¿Por qué tener 50 autoridades en disputa, cuando bastarían cinco para gobernar mejor este territorio? ¿Qué intereses detienen esta reforma?
