El octavo retiro de las AFP: derecho legítimo, riesgos innegables

El debate sobre el octavo retiro de los fondos de las AFP ha vuelto a colocarse en el centro de la agenda nacional. La presidenta Dina Boluarte ha expresado su respaldo, recordando que se trata de dinero de las familias que trabajan. Es cierto: los aportes son de los ciudadanos. Pero esa verdad no puede ocultar que cada decisión sobre su uso tiene efectos que trascienden lo individual y pueden impactar en la estabilidad de todo el país.
Los retiros anteriores han demostrado que las consecuencias no son menores. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha advertido que más de dos millones de afiliados quedaron con saldo cero en sus cuentas individuales tras los retiros previos. Esto significa que, en la práctica, un número creciente de peruanos se encamina hacia la vejez sin respaldo alguno para recibir una pensión mínima.
Más allá de lo previsional, también está el impacto macroeconómico. Cada retiro masivo reduce la capacidad de inversión de las AFP, que cumplen un rol clave en el financiamiento de proyectos internos, la compra de bonos soberanos y el desarrollo de infraestructura. Menos ahorro interno implica menor inversión y, en consecuencia, un freno al crecimiento.
El propio Banco Central de Reserva y el MEF han señalado que medidas como estas pueden afectar la estabilidad financiera y comprometer las pensiones del futuro. Esto no significa negar el derecho de los ciudadanos a acceder a sus recursos en casos de necesidad. Pero una política de retiros permanentes sería un error. Convertir al sistema en una caja de ahorro de corto plazo destruye su esencia: garantizar ingresos para la jubilación.
Y aquí surge el verdadero reto: reformar el sistema previsional para que los trabajadores tengan más opciones, puedan invertir en distintos instrumentos financieros y asuman el riesgo de esas decisiones con información clara y transparencia.
En efecto, existen múltiples instrumentos y opciones financieras que pueden garantizar buenos niveles de jubilación sin alterar la obligatoriedad del ahorro forzoso para la previsión social a futuro. Justamente, abrir el abanico de opciones y permitir que los trabajadores decidan cómo y dónde ahorrar su pensión debe ser parte del debate. De esa manera se podrá balancear el derecho a elegir con la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar una jubilación justa para todos.
Se necesita, por tanto, un debate serio que no se quede en la consigna fácil de “es tu dinero, retíralo cuando quieras**, o;** (error: uso incorrecto del punto y coma tras “o” -> corregido a coma)** no se deben retirar los fondos porque se descalabra el país”.
Sí, los fondos pertenecen a las personas, pero el país también requiere un marco que asegure pensiones justas, reduzca la vulnerabilidad social y evite poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
La solución pasa por equilibrar derechos con responsabilidad. Permitir retiros puntuales bajo circunstancias extraordinarias puede ser razonable. Pero al mismo tiempo es indispensable abrir el sistema a nuevas alternativas, fortalecer la supervisión y garantizar que nadie quede desprotegido en su vejez.
Un octavo retiro puede sonar atractivo hoy, pero sin reformas profundas corremos el riesgo de hipotecar el futuro de millones de peruanos. El dinero es de las personas, sí; la responsabilidad de asegurar estabilidad y justicia previsional, también lo es de todos.

Por Carlos Posada Ugaz

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