El otro sendero del misterio del capital

El notable economista peruano Hernando de Soto tuvo a bien analizar la crisis política, económica y social que padecimos en los años 70 y 80. En aquel entonces, sufríamos una grave recesión económica y una ola violentista y delictiva protagonizada por organizaciones terroristas. Por ello, fundó en 1979 el Instituto Libertad y Democracia (ILD), cuya finalidad era investigar las raíces de la pobreza y la exclusión, con el objetivo de buscar soluciones eficientes y lograr el desarrollo de todos los peruanos.
De esta forma, en su primera obra, El otro sendero (1986), nos brindó ideas claras sobre cómo salir adelante: la necesidad de enfrentar directamente al terrorismo y la consideración de que la informalidad económica surge como una necesidad frente a un sistema legal excluyente y excesivamente burocrático. De Soto sostiene que la informalidad es el “otro sendero” que los ciudadanos toman cuando el sistema formal no les ofrece oportunidades viables.
A esta obra se sumó El misterio del capital (2000), donde explica cómo los activos naturales de los países en desarrollo no son aprovechados y permanecen atrapados en un “capital muerto” debido a la falta de derechos de propiedad claros, efectivos y garantizados. Nos presenta la tragedia de que la ausencia de integración de la riqueza informal al sistema legal formal perpetúa la pobreza y la desigualdad.
Desde una perspectiva legal, el derecho debe ser la herramienta que permita generar riqueza y desarrollo en las naciones. Los países hoy desarrollados han logrado, al combinar economía y derecho, convertir sus activos en capital mediante sistemas legales que formalizan la propiedad, reconociéndola, registrándola y permitiendo su disposición. Esto crea capital donde antes no existía y posibilita que su titular lo utilice de la mejor manera que considere.
La estrategia se basa en dar primacía al derecho consuetudinario, reconocer las actividades informales, determinar las razones de su falta de formalización y otorgar capacidad a las comunidades campesinas y nativas para autorregularse económicamente. Además, se deben plasmar en el derecho formal beneficios para quienes se formalizan y perjuicios para quienes permanecen en la informalidad por desidia.
Algunas de estas propuestas fueron aplicadas en el Perú durante los años 90, cuando De Soto formó parte del equipo económico del gobierno de turno. Fundamentalmente, se establecieron las bases para la promoción de inversiones privadas y la formalización de la propiedad, lo que permitió generar nuevos puestos de trabajo formal, ingresos empresariales, aprovechar los recursos naturales y dar acceso a los nuevos propietarios formales a servicios básicos y al crédito. Se formalizó lo que era posible, y lo que no podía formalizarse, por más que se deseara, se prohibió y sancionó.
Nuestras normas deben diseñarse para ser cumplidas, mediante incentivos, con reglas claras y autoridades legitimadas que las hagan respetar. Debemos abandonar el pensamiento “criollo” que busca excepciones para evitar cumplir con la ley.
José Carlos Mariátegui nos señaló en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) que el Perú es un problema, no un enigma; y Jorge Basadre, en Perú: problema y posibilidad (1931), agregó que el Perú también es una posibilidad. Sumémonos a propuestas razonables, útiles, eficaces y que busquen el bien común.

Por: César Alfredo Montes de Oca Dibán
Abogado, docente universitario, consultor legal

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