El pacto que no vimos
Tratar la autorización norteamericana para la venta de cazas F-16 exclusivamente como una transacción de compra limita nuestra visión estratégica. Un Estado fragmentado —Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Defensa (Mindef), Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Ministerio del Ambiente (Minam)— no ha logrado articular un pacto capaz de alinear nuestros objetivos: 1) seguridad, 2) minerales críticos y 3) democracia ambiental. Si solo compramos aviones, perderemos la oportunidad de financiamiento de la International Development Finance Corporation de Estados Unidos (DFC, antes OPIC) y llegaremos a la COP30, la conferencia climática más importante del mundo, sin mensaje ni resultados concretos. El dilema es decidir si pasamos de compradores a socios, fijando estándares equitativos para todo inversionista y usando los F-16 como palanca de un acuerdo mayor.
1) Seguridad, con foco en ISR.
La prioridad es el ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento). La Defense Security Cooperation Agency anunció el 15 de septiembre la posible venta de 12 cazas F-16 Block 70; extraordinaria noticia frente a las 92 784 hectáreas de cultivos de coca en nuestro territorio al 2023, según la ONU. Estos aviones serán útiles si anclan un paquete integral de ISR que incluya radares amazónicos, vigilancia fluvial, drones y centros de fusión de datos. La estrategia del general Walter Astudillo, en Defensa, para disuasión y control del VRAEM, exige entrenamiento, interoperabilidad y mantenimiento por una década. Sin ISR ni cooperación tangible, las vulnerabilidades y la criminalidad prosperan.
2) Reglas claras para minerales críticos.
La DFC y la financiera Orion negocian un fondo de unos 5 000 millones de dólares para cobre, cobalto y otros recursos. Perú puede participar si establece un marco normativo con altos estándares iguales para todos: auditorías ambientales y contratos transparentes con desempeño ESG (ambiental, social y de gobernanza). Sin estas “reglas espejo”, caeremos en licencias débiles, judicialización y proyectos estancados. Para captar inversiones, el MEF y ProInversión deben definir garantías claras y sostenibles.
3) Democracia ambiental como reputación.
La Amazonía es el escenario donde convergen economías ilícitas, deforestación y violencia. Aunque Perú no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, puede aplicar sus directrices: protocolos, alertas, defensa legal y coordinación con fiscalías ambientales. Camino a la COP30, la falta de protección debilita la narrativa del país ante ambientalistas y eleva los costos de financiación. Cada conflicto mal gestionado implica retrasos, capital caro y comunidades opuestas.
¿Qué hacer? Un plan de 100 días.
Primero, oficializar un pacto para convertir al Perú en socio confiable, condicionando la compra de F-16 al despliegue de ISR y radares amazónicos. Segundo, aprobar un marco normativo con trazabilidad, reglas simétricas y contratos transparentes. Tercero, conformar una mesa DFC-Perú con Minem, MEF y ProInversión para presentar los mejores proyectos. La PCM podría liderar un comité ejecutivo con la meta de llegar fortalecidos a la COP30.
Estos tres ejes deben articularse en conjunto para mejorar la reputación país. No es solo compra, sino estrategia. Los F-16 valen lo que valga el ecosistema ISR que los acompaña. Un pacto exige simetría regulatoria y coherencia entre seguridad, economía y ambiente. El Estado debe dar respaldo presupuestal a las FFAA, marcos jurídicos sólidos y ejecutar acuerdos climáticos. Solo así, el Perú aprovechará esta oportunidad estratégica, proyectándose como una nación estable, ecológica y confiable.
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