El Perú necesita afirmar la seguridad social

Desde 1942, Beveridge hablaba de una seguridad social para “aliviar el estado de necesidad e impedir la pobreza…”. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 22 le otorga a la seguridad social categoría de un derecho humano: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener… la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Estas declaraciones afirmaron los conceptos de solidaridad, universalidad e integralidad, inherentes al sistema de seguridad social y la protección de la sociedad en su conjunto.
En el gobierno de Fujimori se acuñó la denominación “seguridad social en salud”; por desinterés o desconocimiento, los gobiernos que lo sucedieron aceptaron absurdamente continuar con esta tautología. No existe una seguridad social en salud o una seguridad social en pensiones, la seguridad social es única, integral y abarca los componentes o subsistemas de salud, pensiones y otros subsistemas relacionados con el bienestar ciudadano. Esta confusión deliberada avanzó de la mano con la “globalización” de otros conceptos y ahora se prefiere hablar de “aseguramiento en salud”, trayendo consigo la desnaturalización de la seguridad social.
El desarrollo de la seguridad social en nuestro país obliga a definiciones conceptuales. No es lo mismo decir “seguridad social universal” o “universalización de la seguridad social” que “aseguramiento universal en salud”. El ideal de cualquier país es alcanzar la “seguridad social universal” para todos los ciudadanos, como lo señalaran Beveridge (1942) o Bolívar en su Discurso de Angostura (1819), condición que en gran medida ha sido lograda por países como Francia, Alemania, España, Inglaterra, los países nórdicos, Canadá, etc.
Propender a una seguridad social universal, que alcance a toda la población peruana, es posible. El gobierno tiene los suficientes recursos para desarrollar un seguro social subsidiado, integral y focalizado en los pobres. Trabajar planes coordinados entre EsSalud y el MINSA, aprovechando su capacidad ociosa y optimizando los recursos humanos. Las asociaciones público-privadas solo contribuyen a empobrecer más a EsSalud y a enriquecer a los operadores privados, usufructuando el dinero de los asegurados.
Para ampliar la cobertura, es responsabilidad del gobierno incrementar la oferta de empleo con derechos, incluido el derecho a la seguridad social. Paralelamente, realizar cambios sustanciales en el modelo de atención, reducir costos fortaleciendo el primer nivel de atención, que a su vez garantiza una mejor calidad de vida; integrar la red de establecimientos de salud del primer nivel de todos los subsectores de salud y brindar atención a toda la población en general.

Por Santiago Vinces Rentería

(*) Secretario General del Sindicato Nacional
Médico de Seguro Social del Perú

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