¿El Perú, nuevamente en manos de bandas terroristas?

Como gran cosa, la presidenta Dina Boluarte anunció “medidas excepcionales”: instalar una base militar y aplicar el toque de queda como toda estrategia para restablecer el orden en la convulsionada ciudad de Pataz, región La Libertad, después de conocerse el asesinato de 13 mineros a manos de bandas terroristas vinculadas a la minería ilegal. El homicidio fue advertido hace una semana por los criminales, pero el primer ministro dijo el domingo que eran “exageraciones” y que “todo está bajo control”. Ya de noche, se conoció que los trece mineros habían sido fusilados nueve días atrás, al interior de un socavón de una mina. Por si fuera insuficiente, el mensaje de ayer de la presidenta Boluarte fue blandengue.
La noche del domingo, el Ejecutivo decretó suspender todas las actividades en Pataz por 30 días, “para contener la violencia e impedir nuevas tragedias en la zona”. “Desde el primer momento en que se rumoreaba (el secuestro), tomamos las acciones debidas”, precisaba el comunicado oficial. ¡Falso! Las impresentables declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzén las dio el mismísimo domingo en que se conoció el aniquilamiento de los trece mineros en una mina de la compañía Poderosa. Esta empresa hace ya más de un año viene denunciando actos terroristas, habiendo sufrido múltiples ataques a sus instalaciones, incluyendo incendios de enorme magnitud, producidos por dirigentes de mineros ilegales que se han apoderado, con irrefrenable violencia, de las instalaciones de la citada empresa. Y esta vez llegaron al extremo de ejecutar a trece de sus trabajadores, cuyos familiares han responsabilizado al gobierno por su impresentable inacción, incluso denunciando al primer ministro por haber manifestado que se trataba de una “exageración de los mineros y de la propia empresa afectada”.
Por su parte, los defensores de los derechos humanos advierten, con sibilina hipocresía, que “la militarización no resolverá el problema del crimen organizado ni la corrupción que afecta a la región”. De otro lado, versiones conocidas de mucho tiempo atrás culpan al gobernador de la región, César Acuña Peralta, de haber “dejado hacer, dejado pasar” esta invasión de antisociales —trajeados de mineros— con miras a consolidar el contrabando de oro ilegal.
Como señalaba el Editorial de EXPRESO ayer: “todo lo que ha ocurrido no es sino la sólida confirmación de una realidad que hoy muchos preferirían ignorar: Pataz es territorio liberado por organizaciones terroristas protegidas por la parálisis del Estado. Si hoy el gobierno no recupera Pataz, mañana mismo el terrorismo capturará otro territorio. La minería ilegal está consolidándose como la principal economía ilícita del país, por encima del narcotráfico. Y donde hay minería ilegal, pululan las armas, existe corrupción, hay destrucción ambiental, y cunde la muerte”.
Si la presidenta Boluarte fuese responsable, hubiera ordenado a las Fuerzas Armadas tomar control de la región La Libertad e instalar, allí, un tribunal especial del Poder Judicial para procesar y condenar —sin pausa— a los cabecillas y a los sicarios que mantienen en vilo a la minería peruana.

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