El PJ defiende su autonomía

De un tiempo a esta parte, el Congreso de la República se ha convertido en una amenaza y en un poder de riesgo para la sana convivencia dentro de un Estado de Derecho. Algunos de sus legisladores, sobre todo de las bancadas que tienen problemas con la justicia, son una especie de máquinas de iniciativas legislativas que buscan avasallar la independencia y autonomía de los otros poderes del Estado, con el ánimo de blindarse a sí mismos y evitar que el brazo de la ley y el derecho les alcance. La prensa informa de cómo se presentan proyectos de ley que tienen el propósito soterrado de interferir en las funciones que les son ajenas y, por el contrario, son atribuciones de las instituciones a las que se busca afectar.
Los casos más recurrentes y clamorosos son los que tienen que ver con los proyectos de ley que han nacido en la bancada de Perú Libre, cuyo líder del partido es el fugitivo Vladimir Cerrón. El 19 y el 21 de agosto últimos, el congresista Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir, presentó dos proyectos de ley que permitirían que el Congreso de la República ejerza control sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Dichas iniciativas plantean que los jueces y fiscales sean sancionados o despedidos por la emisión de sus decisiones en tanto estas sean corregidas por un ente superior.
El Proyecto de Ley 8657/2024-CR propone establecer un sistema por el cual, si un juez o fiscal llega a tener un número de decisiones dejadas sin efecto, puede ser sancionado o despedido, mientras que el Proyecto de Ley 8678/2024-CR busca crear una comisión al interior del Congreso de la República que investigue la labor de los jueces y fiscales. Ya en esa oportunidad, el presidente del PJ, Javier Arévalo Vela, rechazó tajantemente y zanjó contra las pretensiones del parlamentario por considerarlas inconstitucionales y tener un tufillo autoritario.
“Es innecesario que se cree una comisión en el Congreso; además, ello implicaría que un poder como el Congreso tenga interferencia sobre los magistrados, más aún porque hay personas implicadas en investigaciones y sería contradictorio que estas personas pudieran, a su vez, fiscalizar a los jueces”, advirtió el presidente del Poder Judicial. En efecto, ¿qué sentido tiene crear una comisión de fiscalización cuando el PJ tiene para ello a la Contraloría General de la República y a la Junta Nacional de Justicia, encargadas de hacerlo en temas económicos y disciplinarios, respectivamente?
“El Congreso, al evaluar a los jueces, estaría interfiriendo en una función constitucional que no le corresponde, pues quien evalúa la actuación de los jueces es la Junta Nacional de Justicia, y el Congreso quiere revisar también la actitud y decisión de los jueces, y eso es interferencia del Legislativo en el Poder Judicial”, señaló el doctor Arévalo. “Los jueces siempre han estado sujetos a ataques a su independencia y no solo de poderes políticos sino mediáticos, por eso, el juez reafirma en cada decisión su independencia frente a cualquier sector de la política y de los sectores mediáticos”, precisó la principal autoridad del PJ en su momento.
Lo propio señaló la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado al considerar que el proyecto del congresista Cerrón era inconstitucional porque afecta la independencia judicial, “que no es solo un deber, sino un derecho de los ciudadanos”. Y advirtió enfáticamente: “Rechazamos leyes dirigidas a criminalizar los criterios jurisdiccionales de los jueces penales. La ampliación del delito de prevaricato y otras normas que se encuentran en el proyecto de ley contravienen la Constitución y afectan, severamente, la independencia judicial. Y ahí estaremos los jueces, unidos con el compromiso de defender la independencia”.
Frente a esta situación, la reacción de los jueces de la Corte Suprema y de las cortes jurisdiccionales del país no se hizo esperar. El rechazo fue unánime, en defensa de la independencia del Poder Judicial. Los jueces de la Corte Suprema exigieron que se convoque a una Sala Plena para debatir los proyectos de ley, claramente atentatorios contra la autonomía de dicho poder del Estado, a lo que el presidente del PJ accedió al pedido, convocando a una Sala Plena extraordinaria para ayer, viernes 18, en horas de la tarde.
La situación que vive el país, signada por el desbordante crecimiento de la violencia y la delincuencia, sumado al descrédito de los poderes del Estado frente a la ciudadanía, abona a que surjan iniciativas que pretendan ganar a río revuelto, ahondando más el caos y la crisis que nos toca vivir. En este marco, es necesario que las organizaciones aprendan a convivir en democracia, respetando sus fueros y competencias, en estricto respeto a las normas y a nuestra Carta Constitucional, única garantía de preservar el Estado de Derecho.
En la Sala Plena Extraordinaria, los magistrados se aprestaban a analizar los alcances de los proyectos presentados y debatidos en el Congreso, en momentos que nosotros, precisamente, escribimos este artículo. Son 13 los proyectos de ley que, según los procedimientos parlamentarios, han sido acumulados para su debate en el Congreso y que podrían afectar, de una u otra manera, las funciones de los jueces. Eso es lo preocupante.
Es necesario estar advertidos de que las reformas que el Congreso desea llevar a cabo tienen que ver con ámbitos como el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Constitucional y las normas de la Carrera Judicial y la Carrera Fiscal.

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