El Poder de las Encuestas (lV)

En artículos anteriores narré la conversación telefónica entre el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y los mandatarios de Bolivia y Ecuador, Paz Zamora y Rodrigo Borja, para coordinar una posición conjunta contra Fujimori por el autogolpe del 5 de abril de 1992, compromiso que habían pactado en previsión que se afecte el orden constitucional en cualquier país del hemisferio.

Sin embargo, los mandatarios de Ecuador y Bolivia no aceptaron la propuesta venezolana aduciendo, entre otras consideraciones, que el 87 % de los encuestados respaldaban a Fujimori y el cierre del Congreso.

A lo anterior, debo agregar otros hechos en la misma dirección. Días después del autogolpe me entrevistaron en Radio Caracas Televisión, donde expresé que lo ocurrido en mi país violaba principios fundamentales de la Carta de la OEA.

Pero al panel de periodistas poco importó esa explicación y en sus preguntas-comentarios de algún modo justificaban la decisión de Fujimori por el alto índice de aprobación en las encuestas. Artículos periodísticos publicados en los principales diarios y revistas de Venezuela asumieron una posición similar, deslumbrados por las encuestas.

Acompañado del compañero Victor López, visité al presidente del Parlamento Latinoamericano, senador de Acción Democrática, Humberto Celli, a quien solicitamos que un misión de ese organismo viaje a Lima para solidarizarse con sus colegas peruanos. Nos respondió que el consejo directivo acababa de regresar de una reunión sobre turismo en una isla caribeña y que no contaban con presupuesto para financiar otro viaje. Presionando, logramos que firmara un documento con el membrete de su institución, rechazando el autogolpe, que redacté en una pequeña y sofocante oficina al lado de su despacho. Luego procedimos a entregar la "declaración" a las agencias noticiosas, con la esperanza que el pronunciamiento rebote en el Perú.

Lo mismo sucedió con el Parlamento Amazónico, que en esos días sesionaba en Caracas: tampoco aceptaron movilizarse a Lima ni emitir un pronunciamiento de protesta por la clausura del Congreso peruano.

Lo triste fue el escaso tiempo que nos concedieron para exponer los sucesos del Perú...porque estaban apurados para irse a la playa o de compras.

Decidimos, entonces, hablar con la Internacional Socialista, que agrupa un centenar de partidos de América Latina y Europa. Me comuniqué con su secretario general, Luis Ayala. Fue una penosa pérdida de tiempo, porque descartaron de plano trasladarse a Lima para respaldar a los partidos políticos que forman parte de esa organización, entre ellos el Apra. A Ayala y la cúpula de la Internacional Socialista, sin embargo,  solo los hemos visto en actos protocolares como ceremonias de transmisión de mandos presidenciales, en cócteles o eventos intrascendentes.

Abrumados ante la indiferencia, recurrimos a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL). Pasamos una mañana buscando el teléfono y logramos comunicamos con su mayor directivo, de nacionalidad mexicana, quien sostuvo el infame argumento que no podían pronunciarse sobre el autogolpe porque afectarían el principio de no intervención en asuntos de competencia interna de otras naciones. Salvamos la crisis llamando al diputado de Acción Democrática, Homero Parra, uno de los vicepresidentes de la COPPAL, con quien preparamos un comunicado de repudio al autogolpe, que firmó y lo distribuimos a las agencias noticiosas.

En resumen; las encuestas hicieron posible que el autogolpe de 1992 se consolidara, doblegando principios y valores democráticos, como después lo harían los chavistas en Venezuela.

En lo que a mi respecta, tuve el alto honor de ser el primer funcionario internacional separado del cargo de Director de la OEA en Venezuela, por defender los principios democráticos consagrados en la Carta interamericana. Conservo documentos oficiales de la Cancillería, firmados por los ministros Oscar de la Puente Raygada y Augusto Blacker Miller, exigiendo al Secretario General de la OEA, embajador Baena Soarez, que me destituyan del cargo. Así ocurrió y no me quejo, porque es el costo que todos debemos asumir para defender el cumplimiento de las normas internacionales.