El poder ilegal

Me impresiona el casi nulo debate acerca del reportaje propalado por Cuarto Poder de América TV el 14 de marzo, el cual da cuenta que, en los últimos dos años, nueve líderes indígenas fueron asesinados por defender los territorios de sus comunidades, en la zona fronteriza de las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco.

De acuerdo a la nota periodística, los asesinos habrían sido personas dedicadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, quienes desde hace un buen tiempo amenazan de muerte a los habitantes de dichas comunidades. Dirigentes nativos señalan que la zona viene convirtiéndose en un segundo Vraem y se han detectado hasta 46 pistas de aterrizaje para extraer droga.

Lo peor de todo es que, según estos mismos líderes, el problema surgió desde que el Estado (a través de entidades como Devida o el Ministerio de Agricultura) dieron títulos de propiedad a colonos y personas llegadas al Vraem dentro de terrenos ancestralmente ocupados por comunidades indígenas, shipibas, asháninkas y catataibo, entre otras. De esta forma, el área se convirtió en un paraíso de la hoja de coca, más aún con el golpe económico que sufrieron las poblaciones amazónicas agravado por la pandemia del covid-19.

Ignorar las terribles consecuencias que estos hechos ocurridos en localidades remotas del país acarrean al conjunto de peruanos, dibuja nuestra estúpida vocación de tropezar no una sino diez, treinta, cien veces con la misma piedra.

Miramos siempre en chiquito, de manera urbana, centralista y anecdótica las circunstancias que poco tiempo después detonan en nuestra cara, mostrándonos la nación en pañales que somos al cumplir el bicentenario independentista.

Como sostienen esos dirigentes nativos, no solo se trata del narcotráfico. Las autoridades centrales conocen perfectamente la nueva simbiosis que los cárteles tiene con la tala ilegal, el tráfico de personas y de tierras, cubriendo las espaldas a otra vieja práctica impune de nuestra amazonía: la minería ilícita.

Todas estas actividades han logrado tal empoderamiento que las fuerzas del orden ya no pueden ponerlas al orden. Avanzan organizadas, decididas, tejiendo mayores redes de complicidad que alcanza estamentos formales del aparato público. Cuando Jaime Antezana, hace más de diez años, nos advertía acerca de la existencia de “narcobancadas” en el Parlamento, las rasgadas de vestiduras del establishment político no permitió divisar que también vendrían los narco-gobiernos regionales y municipales, la penetración en las instituciones armadas y el Poder Judicial.

Y contra esto, la clase política pasada y la que compite por el gobierno 2021-2026 ha sido incapaz de proponer acuerdos mínimos, cerrando el puño para enfrentarse al poder ilegal. Lejos de ello, parecen disfrutar que este poder los devore de pies a cabeza y a chavetazo limpio. Pobre Perú.