El poder ilegítimo

En un reciente artículo, Jaime de Althaus se refiere a la acusación contra Fuerza Popular, Keiko Fujimori y medio centenar de ciudadanos. Él señala que “es escandaloso que no haya sido sobreseído. No solo porque nunca debió abrirse, pues las donaciones de campaña no eran delito y tampoco configuran lavado de activos (...), lo que significa que, si se llevó adelante, fue solo por razones políticas y con arbitrariedad mayúscula.” (“El caso Cocteles debe ser archivado”, El Comercio, 17/8/24).

Añade además: “sino también porque, agravando lo anterior, el proceso mismo tiene fallas estructurales que hacen imposible llevar a cabo el juicio oral. (...) En esencia, la acusación no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Código Procesal Penal para poder acusar, de modo que el juez de control no debió determinar la apertura del juicio, sino archivar la causa.”

El asunto entonces es: ¿por qué el juez que debió archivar la causa no lo hizo y pidió subsanar los errores del fiscal José Pérez hasta 12 veces, cuando la subsanación solo puede realizarse una vez? ¿Por qué permitió que se hiciera de manera oral y no por escrito, como establece la ley? A esto se suma una lista interminable de violaciones a la legislación vigente y al sentido común, como por ejemplo, la absurda convocatoria de más de mil testigos para el juicio oral. La verdadera pregunta es: ¿cómo han podido cometerse estos monstruosos atropellos y abusos utilizando el sistema judicial como instrumento?

¿Cómo es posible que un individuo como José Pérez, a quien se le considera ignorante y mediocre (no aprobó el examen para ser juez), y quien ha perpetrado un mamotreto de miles de páginas sin poder precisar las acusaciones a cada uno de los imputados, pueda seguir persiguiendo injustamente a tanta gente durante años?

¿Cómo es que Pérez y Rafael Vela, quienes han fracasado estrepitosamente en el mayor caso de corrupción de la historia reciente -permitiendo que Odebrecht y sus funcionarios queden impunes-, pueden permanecer en la fiscalía cometiendo más tropelías todos los días?

La respuesta es que ellos son meros instrumentos de la mafia “caviar”, que ha infiltrado y controlado el sistema judicial, especialmente desde 2018, cuando estableció una repugnante alianza con el expresidente Vizcarra y su coalición. Usan este poder judicial en función de sus intereses políticos.

Al carecer de respaldo popular, han capturado, a través de un trabajo sigiloso, el único poder no elegido democráticamente: el sistema judicial. Lo emplean de manera ilegal e impúdica para perseguir a sus enemigos y proteger a sus aliados.

Hoy, con total desfachatez, violan abiertamente el fundamento del sistema republicano, que es la división de poderes. Impunemente, reponen a Zoraida Ávalos en la Junta de Fiscales, a Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de haber sido legalmente sancionados por el Congreso. Incluso pretenden desacatar la ley que regula los alcances de los delitos de lesa humanidad. Para preservar la república, es indispensable desalojar esta lacra del sistema judicial.

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