El prometido legado de Boluarte

“En el Perú tenemos una ‘justicia fallida’ e insensible para millones de ciudadanos a quienes la justicia les es negada”, señala el constitucionalista Enrique Ghersi (…) “Los planteamientos de la mandataria en materia de reforma de justicia no nos han dicho mucho más allá de sus acusaciones a la Fiscalía de politización y concentración de poder; pero no traza un derrotero o una hoja de ruta para reformar la Fiscalía y la Judicatura”, sostiene con razón este ilustre hombre de leyes; y concluye: “El mal funcionamiento de la Fiscalía y la gravedad de lo que pasa en el Poder Judicial, nos tiene que llevar a salir de esta ‘justicia fallida’ —actualmente en cuidados intensivos— por arrastrar taras del pasado y prácticas corruptas del presente”.
Esta escarapelante realidad debiera ser el eje fundamental del trabajo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en este año que le resta al frente de la jefatura del Estado. Por una razón muy simple: ¡Sin justicia campea el caos, retroalimentado por una delincuencia favorecida precisamente por la ausencia de un sistema judicial eficiente, coherente, sólido y ajeno a la presencia de elementos exógenos —pero sobre todo politizados, ideologizados y corruptos— sin razón ni mérito alguno para encontrarse en el epicentro del manejo de esta institución fundamental para combatir el crimen.
Este escriba viene alertando a la ciudadanía —pero sobre todo a las autoridades de este país— sobre la gravísima coyuntura en que se encuentra el Estado peruano por falta de un sólido sistema de justicia. O algo que es peor, por la existencia de una justicia espuria, cómplice del crimen, como comprobamos desde que gentuza como los gorritis dominan el Ministerio Público, a la vez que influyen en el Poder Judicial. Una afrenta que debe acabar hoy mismo si fuesen coherentes, auténticas —y sobre todo no corruptas— las autoridades formalmente designadas para conducir ambas instituciones integrantes de todo sistema de justicia.
Es evidente que una primera medida fundamental es fortalecer la existencia de una Junta Nacional de Justicia (JNJ) integrada no solo por profesionales del mayor calado intelectual, sino con consolidado recorrido por todos aquellos estamentos que tengan relación con la aplicación de la ley y la justicia, apelando a un proceso de elección popular que deberá extenderse a la selección tanto de jueces como de fiscales, como lo ha planteado Enrique Ghersi. Simultáneamente, deberá reducirse a no más del cinco por ciento la provisionalidad de los jueces y fiscales, como garantía de estabilidad y meritocracia. También actualizar el Decreto Supremo 012-2021-JUS, que aprobó la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, y exigirle al Legislativo que la Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Justicia entregue su informe antes de finalizado este año, tal como ofreciera la congresista María del Carmen Alva.
Si, como lo prometió en su mensaje patrio, la presidenta Dina Boluarte se propone dejar el poder con más orden y tranquilidad en beneficio de la ciudadanía, debe culminar su gestión legándole al Perú un sistema de justicia mínimamente decente, despolitizado, profesional, desideologizado y potente.

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