El propósito de la Sunedu
Hace medio siglo, la mayoría de peruanos pensaba que a la universidad iban solo los inteligentes y los esforzados. A partir de ese concepto, se debieron promover institutos profesionales para formar a los técnicos que cada región necesita, pero algunos malos políticos encontraron rentable auspiciar la creación de una universidad pública en cada provincia, aprovechando la equivocada idea de que un diploma universitario asegura el ascenso social. El aumento de la demanda, las huelgas y la infiltración terrorista en la mayoría de universidades públicas hicieron colapsar la capacidad del sistema para auto-regularse, así llegamos a las universidades particulares de bajísimo nivel y filiales de garaje.
Por eso el TC publicó en 2011 su sentencia “Filiales”, exhortando la creación de una superintendencia que estableciera estándares mínimos para que las universidades, públicas y privadas, pudieran ofrecer verdadera formación profesional; en el entendido que la finalidad era elevar la calidad y competitividad, respetando el modelo elegido por cada comunidad universitaria en ejercicio pleno de su autonomía. Luego de una década de reforma universitaria cabe evaluar los resultados obtenidos.
Se descubrió que la calidad cuesta dinero y sacrificio. La mayoría de universidades particulares tuvieron que hacer un gran esfuerzo para cumplir con los requisitos establecidos, tanto en infraestructura como en capacidades para la enseñanza y la investigación; las que no lo lograron, saldrán del mercado educativo pues tuvieron tiempo suficiente y, lo razonable, es que dejen el espacio a otros proyectos mejor diseñados. Pero las públicas, salvo las de reconocimiento internacional, expusieron problemas de fondo que incluían falta de gestión y creatividad para transformar recursos como el canon, en excelencia educativa. Las ineficientes se debieron fusionar con las licenciadas, abriéndose a nuevos profesores y gestores, pero se les permitió continuar sin mayores cambios, violando el principio de igualdad ante la ley.
Es necesario mantener la permanente supervisión de estándares mínimos, los mismos que han obligado a invertir y optimizar recursos, pero hay que corregir las deficiencias para fortalecer el sistema. No hubo igualdad de trato ni se mantuvieron criterios uniformes al momento de evaluar, hay denuncias serias de que las simpatías y prejuicios políticos tuvieron un peso específico en las calificaciones finales; así también, han existido sanciones desproporcionadas y, en algunos casos, sin fundamento. Por ello, hay que fortalecer a la Sunedu despolitizándola, incorporando a representantes de las propias universidades, de los empleadores y de los consumidores, a un directorio verdaderamente autónomo del poder y del gobierno, superando así la ideologizada tendencia al intervencionismo estatal que hasta ahora ha prevalecido.
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