El Retorno de los diplomáticos cesados
El 3 de agosto de 1821, a seis días de proclamada nuestra independencia, el Libertador San Martín creó las secretarias de Relaciones Exteriores, Guerra y Hacienda (nominadas ministerios en 1823), que constituyeron los pilares formativos del Estado nacional.
A 198 años de ese acontecimiento, la Cancillería es reconocida como una de las instituciones más sólidas y de mayor prestigio regional, a pesar de limitaciones y contratiempos que sufrió.
Sobre estos temas conversé muchas veces con el padre de mi esposa, embajador José Luis de Cossio Ruiz de Somocursio, quien recordaba con orgullo admirables actuaciones de algunos diplomáticos de Torre Tagle, como la de nuestro ministro plenipotenciario en Tokio, Ricardo Rivera Schreiber, quien, con varios meses de anticipación, advirtió al embajador de los
Estados Unidos sobre los planes secretos de la Armada japonesa para atacar Pearl Harbor o el inolvidable trabajo del representante del Perú en Suiza, José María Barreto, que facilitó pasaportes peruanos a 58 judíos-entre ellos 14 niños- que se encontraban en los campos de concentración, salvándoles la vida.
En esas conversaciones, también abordamos el ingrato episodio del cese de 117 diplomáticos durante el Gobierno de Fujimori y sus graves implicancias para el servicio. Era el 2001, año que fui elegido congresista en representación de mi partido, el Apra, y luego presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde pude impulsar ese acto reivindicativo, como prometí hacer al padre de mi esposa Marilú y a ella misma.
Cumplimos la palabra.
A menos de tres meses de asumir la presidencia, el 22 de octubre del 2001, la Comisión de RREE aprobó un dictamen multipartidario para reincorporar a 117 diplomáticos cesados ilegalmente el 29 de diciembre de 1992, agregando a su tiempo de servicios el lapso en que fueron separados, para después autorizar un ascenso extraordinario.
El dictamen también introdujo una “cláusula democrática”, por la cual los jefes de misión quedan obligados a renunciar en caso se constituya un gobierno usurpador.
El 31 de octubre el Congreso aprobó el dictamen (88 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención) y de inmediato el Gobierno promulgó la ley 27550.
Habíamos logrado el objetivo 19 años después de los sucesos, gracias al valioso apoyo de varios legisladores, especialmente Rafael Rey, Gustavo Pacheco y Luis Santa María, como también recuerdo la ley 28598, promulgada el 14 de agosto del 2005, que autoriza a la Academia Diplomática a extender títulos a nombre de la nación, iniciativa parlamentaria por la cual fui distinguido como Profesor Emérito de ese centro de estudios en una emotiva ceremonia presidida por el ex canciller José de la Puente Radbill.
Abrazo a los que se fueron, a los que están y a los diplomáticos que vendrán hoy, 3 de agosto, día institucional.
