El rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana

El Perú atraviesa una crisis de inseguridad que está afectando gravemente la vida cotidiana y el desarrollo del país. El desborde de extorsiones, homicidios y otros delitos se combina con una policía en condiciones precarias, agravando la percepción de inseguridad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta mayo de 2024, el 27,7% de peruanos reportó haber sido víctima de algún delito, la cifra más alta desde 2016. Ante el incremento de la violencia, el Gobierno ha declarado estado de emergencia en 14 distritos de Lima, principalmente debido a la escalada de extorsiones al transporte público. En paralelo, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley 32108 (Ley de Crimen Organizado), destacando la posibilidad de realizar allanamientos sin la presencia del inculpado, siempre que esté presente un abogado de la defensa pública.
El sistema policial refleja esta crisis. De los 17,940 vehículos de la Policía Nacional, solo 9,925 están operativos, mientras que el resto permanece inoperativo por falta de mantenimiento. Además, el 71% de las 1,406 comisarías registradas en todo el Perú presentan infraestructura en mal estado, y el 44% carece de servicios básicos adecuados. A la precariedad se suman problemas internos de corrupción. Entre 2018 y 2023, cerca de 23,800 efectivos policiales fueron retirados por faltas graves, debilitando aún más la operatividad de la institución. La inestabilidad política también ha pasado factura: en solo tres años, 13 ministros del Interior han rotado por la cartera, dificultando la implementación de políticas sostenibles contra la inseguridad.
El crecimiento exponencial de las extorsiones es una de las señales más alarmantes. Entre 2021 y 2023, las denuncias por este delito aumentaron en más de 390%. En 2021 se registraron 4,510 casos, en 2022 la cifra ascendió a 15,948, y en 2023 alcanzó 22,162 denuncias. Sin embargo, se estima que solo el 25% de las extorsiones se denuncian, debido al temor de represalias. Inicialmente, las extorsiones estaban dirigidas a pequeños negocios, pero en 2024 se expandieron al sector del transporte formal, provocando un paro en Lima Metropolitana. Los gremios del transporte advierten que las protestas podrían repetirse si la situación no mejora. A esto se suma el reciente caso de un docente asesinado a balazos, delante de sus estudiantes, en el colegio donde laboraba.
El Gobierno debe aumentar las capturas y fortalecer la inteligencia policial mediante un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas. La Marina podría asumir el trabajo de inteligencia y colaborar con el combate de la criminalidad en el Callao y el Cono Norte, mientras que el Ejército y la Aviación se encargarían de otras zonas críticas en Lima. En el interior del país, se podría iniciar con departamentos con altos índices delictivos, como La Libertad, Piura, Madre de Dios y Puno, para luego seguir extendiéndolo a todo el país. Asimismo, es fundamental reestructurar las escuelas de formación policial en colaboración con las Fuerzas Armadas. Se propone que los jóvenes aspirantes a la policía, como requisito, hayan realizado previamente el servicio militar voluntario, lo que asegura su disciplina y su compromiso con el país.
La inseguridad tiene consecuencias directas sobre la economía. A pesar del crecimiento económico del Perú en las últimas décadas, no ha habido un desarrollo social equivalente. La violencia desalienta la inversión privada, lo que frena el crecimiento económico y empeora la informalidad. En un contexto donde el 80% de la economía es informal, la criminalidad actúa como un círculo vicioso, perpetuando la pobreza y la falta de oportunidades. El Perú debe adoptar un enfoque integral que incluya políticas de seguridad sólidas y una mayor inversión en servicios públicos. La inversión en tecnología y programas sociales es crucial para reducir las desigualdades que alimentan la violencia. La confianza en las instituciones es vital para restaurar el orden social y garantizar el bienestar de la población.
La crisis de inseguridad en el Perú refleja problemas estructurales que requieren soluciones urgentes y coordinadas. La precariedad policial, la falta de recursos y la corrupción complican la lucha contra la criminalidad. Si bien las Fuerzas Armadas pueden ser un aliado en la gestión de la seguridad, la solución pasa por mejorar la gestión policial, reformar las escuelas de formación y generar un entorno que promueva la inversión privada. Solo a través de un enfoque integral, que considere tanto las dimensiones sociales como las económicas, el Perú podrá salir de esta crisis y recuperar la confianza en sus instituciones. La seguridad ciudadana no es solo un objetivo, sino un requisito indispensable para el desarrollo sostenible del país.

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