El rol de los jueces en democracia

Son tiempos difíciles para la justicia en nuestro país y, quizás, no haya momento más indicado para reflexionar sobre el rol de los jueces en el sistema democrático, no solo como agentes activos al administrar justicia en favor de las personas, sino como garantes del Estado constitucional de derecho.

En esta gran misión, los jueces se desempeñan como equilibradores de la balanza entre el ejercicio de su labor decisoria y la preservación de los principios que guían su actuación.

Quizás, en este punto, la tarea pendiente sea lograr el justo equilibrio entre la aplicación racional del principio de legalidad al momento de resolver, cuidando de no convertirse en un arbitrario creador de derecho.

En la misma línea que Dworkin, esto no significa que el juez, a partir de su interpretación principista, no pueda resolver casos con base normativa, apelando a su criterio discrecional, sino que esta interpretación debe ser acorde con las características del caso y sin perder de vista la finalidad pro homine de su interpretación.

Ahora bien, no cabe duda de que son los valores éticos y morales los que guían su actuación. El denominado “deber ser” del juez es lo que distingue esta honorable función pública al servicio de la Nación. Creo firmemente que la función judicial es aquella en la que cobra vigencia la frase “no solo hay que serlo, hay que parecerlo”, incluso más que en cualquier otra clase de funcionario público. Es decir, no solo cumplir con el compromiso ético-moral de administrar justicia con honestidad, independencia y transparencia, sino aplicar estos valores en su vida diaria.

El sistema de integridad institucional del Poder Judicial ha desarrollado políticas funcionales en torno a los criterios de idoneidad, profesionalidad y honestidad. La probidad es la regla transversal al ejercicio de la función, pero también a los sistemas de controles institucionales que vigilan el correcto ejercicio de la administración de justicia. En ese sentido, la formación ética de los jueces debe ser un pilar fundamental y sometida a comprobación periódica.

Esto nos lleva a otro tema de igual importancia: la credibilidad de los jueces. Los usuarios del servicio de justicia, en su gran mayoría, han perdido la fe, y quizás también la esperanza de alcanzar esa justicia eficiente, pronta, razonable y equitativa.

Esta desconfianza se traduce, por supuesto, en el prestigio institucional, que resulta muy golpeado por la alta insatisfacción del ciudadano que, en su lucha por alcanzar justicia, pierde tiempo, dinero y fuerzas, resignándose a la impunidad. La respuesta ante esta lamentable realidad debe pasar por una reestructuración necesaria de los mecanismos de selección y ratificación de los jueces, más allá de apetitos políticos e intereses ajenos a los fines institucionales.

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