El saqueo institucional que hunde al Perú

El reciente informe INCO 2024 de la Contraloría General de la República no deja lugar a dudas: el Estado peruano está podrido desde sus cimientos. El 99% de las entidades públicas presenta riesgos de corrupción. Esta cifra no solo es escandalosa, es una declaración de quiebra moral e institucional.
Cada funcionario que entra al aparato público aes para enriquecerse ilícitamente, roba directamente al pueblo, especialmente a los millones que viven en extrema pobreza. Porque cuando se roban los recursos del Estado, no se roban “fondos”, se roban camas de hospital, libros de escuela, vacunas, agua potable, caminos, seguridad. Se roba futuro. Se roba dignidad.
Ya no hablamos de casos aislados. Hablamos de una maquinaria perversa que se ha normalizado. Universidades, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, empresas públicas: ninguna se salva. Desde EsSalud hasta las municipalidades más pequeñas, lo que vemos es una red de funcionarios que han hecho del Estado su negocio personal. Designaciones sin perfil, contrataciones a dedo, proveedores impedidos, control interno inexistente. Y lo peor: las recomendaciones para corregir estos vicios son ignoradas con total descaro.
La corrupción ya no es una enfermedad del sistema: es el sistema. Esta disfunción estructural ha convertido al Estado en una fuente de enriquecimiento para mafias disfrazadas de autoridades. Y lo hacen con impunidad. ¿Quién los detiene? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién se atreve a sancionarlos cuando muchos de los órganos de control también están cooptados?
El Estado está secuestrado. Mientras tanto, la ciudadanía paga los platos rotos con servicios paupérrimos y promesas vacías. Los más afectados son los que menos tienen. En un país donde más del 30% vive en situación de pobreza, cada sol robado es un crimen.
Ya basta. No se puede seguir mirando al costado. Este informe de la Contraloría no puede ser una estadística más archivada en algún escritorio. Debe ser una bomba política y social. El Congreso debe actuar, la Fiscalía debe actuar, la sociedad civil debe exigir. Porque si nada cambia, el Perú está condenado a repetir su historia de fracaso.
Es hora de aplicar una purga institucional. No más excusas. No más “errores administrativos”. El que roba al Estado debe ir preso y no volver jamás a ocupar un cargo público. Hay que depurar el padrón de proveedores, prohibir designaciones sin meritocracia, y cortar la cadena de impunidad.
Esta columna no busca ser elegante. Busca ser una cachetada de realidad para quienes aún creen que se puede “gobernar” sin ética. No hay democracia posible con un Estado colapsado por la corrupción. No hay desarrollo posible si quienes gobiernan solo piensan en saquear.
El Perú merece algo mejor. Pero no lo tendrá mientras los miserables que entran al Estado solo piensen en cuánto pueden robar. Robarle al Estado es robarle al pueblo. Y eso, en un país con hambre, debe ser considerado el crimen más infame de todos.

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