¡El sistema judicial en rebelión!

Denunciamos permanentemente la campaña de los caviares, aliados con la izquierda, para destruir nuestra democracia e instaurar un régimen tipo Cuba o Venezuela. Es parte de la estrategia del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla para impulsar el comunismo en Latinoamérica.
Muchos que se autocalifican de demócratas y defensores del sistema occidental poco o nada hacen en defensa de tales principios; menos aún por consolidarlos. Hay excepciones. El destacado legislador Fernando Rospigliosi imputa a los caviares y a la izquierda estar detrás de la campaña para generar “una rebelión judicial contra la democracia y la República”. Ocurre que el Ministerio Público y el Poder Judicial han plantado cara al Congreso, desacatando las leyes que este promulga. Incluso proponen que “la ciudadanía haga lo mismo, en protesta contra este Congreso antipopular y antidemocrático”, que, aunque nos parezca malo o pésimo, ha sido elegido por los votos de una mayoría nacional.
Según la Constitución, recuerda Rospigliosi, el Parlamento es el único ente que propone, debate y aprueba leyes y dicta resoluciones legales. Leyes que, inconstitucional y prepotentemente, el actual Poder Judicial y el Ministerio Público desacatan. “Estamos ante una rebelión contra la República y contra la democracia, ejecutada por malos jueces y peores fiscales infestados por la mafia caviar; magistrados prevaricadores que deben recibir una severa sanción. No podemos permitir que el país caiga en el caos, que es donde nos están llevando”, denuncia Rospigliosi.
Pone como ejemplo el caso Molinos Uno, “donde los miembros del Batallón Pachacútec, que se enfrentaron contra los terroristas en 1989, han sido denunciados 35 años después de los hechos por el Ministerio Público, pese a haberse acogido debidamente a la reciente ley de lesa humanidad”. ¡Pero el Poder Judicial dio curso a semejante legicidio! “La Fiscalía acaba de abrir una segunda investigación, 35 años después. El abogado de los soldados del Batallón Pachacútec manifestó ante el fiscal que ´según la ley recientemente aprobada por el Congreso, la indagación no tiene sentido´; el fiscal le respondió: ´no me importa la ley, yo prosigo con la investigación´”, denuncia Rospigliosi.
Respecto al Ministerio Público, Rospigliosi recuerda que el Poder Judicial “repuso a Zoraida Ávalos en la Fiscalía Suprema, pese a una resolución del Congreso que la inhabilitaba; igual hizo con Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ”. Conductas inconstitucionales e ilegítimas de instituciones obligadas a cumplir es-cru-pu-lo-sa-men-te la ley.
Sobre los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra previos al 2002/2003, Rospigliosi denuncia que jueces y fiscales soslayan la reciente ley aprobada por el Congreso, vulnerando la Constitución. Consecuentemente, son nulas todas aquellas sentencias, como la de Daniel Urresti. ¡El juez no puede decir qué ley le gusta y cuál no! Si dudase, que apele al TC. Temerariamente, Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, amenaza vociferando que la aplicación de las leyes “depende del criterio del juez”. Entonces, ¿para qué están las leyes?
El Congreso aprueba las leyes y los jueces las aplican. ¿Acaso algún terrorista ha sido condenado por lesa humanidad? ¡Ninguno!, pregunta y responde Rospigliosi.

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