El sueño de don Arturo
Arturo Salazar Larraín fue un constante promotor del modelo coreano para el Perú, incluso en épocas en que se desconocía el impresionante resultado obtenido gracias a políticas de libre mercado y de industrialización inteligente, con la iniciativa privada como motor de la economía. Salvo en el corto período del ministro Beltrán al final del segundo gobierno de Prado, y luego, de forma intermitente en el gobierno de Fujimori y el segundo de García, no se ha aplicado en nuestro país el modelo económico que ha permitido un rápido y sorprendente crecimiento económico en varias naciones de Asia. En nuestra historia han prevalecido largos períodos de intervencionismo estatal, básicamente por inspiración socialista o incluso por un declarado mercantilismo, en el que solo la cercanía con el poder político puede garantizar el éxito empresarial.
Esencialmente, el modelo de economía social de mercado parte del reconocimiento de las leyes de mercado, de los principios básicos que rigen la economía desde el inicio de los tiempos, pues su creador, Ludwig Erhard, fue un liberal económico vinculado a la Escuela Austríaca. Al asumir el ministerio de Economía en el gobierno de Konrad Adenauer, debió reconstruir su país desde la acción estatal, en procura de impulsar la dinámica de la oferta y la demanda en un país arrasado por los bombardeos. El modelo de Erhard, sin negar las vigas maestras del liberalismo, otorga al estado el rol de promoción de la actividad privada en libre competencia, garantizando la capacidad de emprendimiento de la persona humana. En esa lógica, toda intervención estatal debe ser limitada por los principios de racionalidad y de proporcionalidad; así, la actividad empresarial del estado queda restringida por el principio de subsidiaridad.
Hacer realidad la economía social de mercado es un reto pendiente en el Perú; para ello, será necesario reducir drásticamente la tramitología que castiga el emprendimiento, reducir la brecha de infraestructura, combatir a las bandas de extorsionadores, flexibilizar la legislación laboral, y, por supuesto, resetear el aparato estatal para que cumpla de forma eficiente las funciones esenciales para las que ha sido creado. Los sistemas públicos de salud y de educación requieren de un shock de inversión y una mejor gestión, mientras que varios ministerios son perfectamente prescindibles. Pero nada de eso podrá lograrse si el próximo gobierno carece de los instrumentos políticos necesarios para impulsar las profundas reformas que se requieren. Solo una alianza democrática podrá asegurar tanto la presidencia para un verdadero gestor de recursos públicos, como una mayoría parlamentaria que respalde un programa serio y consensuado, que nos acerque al sueño de don Arturo, un Perú desarrollado.
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