El Superministerio de Economía y Finanzas o reforma constitucional

Gran parte de los presidentes elegidos en las urnas han pretendido cambios constitucionales. Así, durante el gobierno de Toledo (2002-2006), se prometió la bicameralidad y el voto voluntario, pero no se aprobaron; durante el segundo gobierno de García (2006-2011), se prometió la restitución de la Constitución de 1979, el restablecimiento de la bicameralidad, la regulación de la inmunidad parlamentaria, y la incorporación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) al Sistema de Planeamiento Estratégico; ninguna se aprobó.

Durante el gobierno de Humala (2011-2016) se pretendió una Asamblea Constituyente para actualizar la Constitución de 1979; y durante el período de Kuczynski (2016-2021), en el marco de una grave crisis institucional y política (puerta giratoria), agravada por la vacancia presidencial y el gobierno de Vizcarra, se rechazó (vía referéndum) la bicameralidad.

Sucede que cambiar la constitución de 1993 no es fácil, pues su texto establece que sólo puede hacerse mediante el voto de una mayoría absoluta de los miembros del Parlamento (87 votos), que debe ser ratificada por medio de un referéndum o por una segunda aprobación en la legislatura siguiente.

La constante en estos intentos de cambios constitucionales ha sido la continuidad de un modelo económico que genera crecimiento sin desarrollo, y la perpetuidad de un marco de impunidad frente a los actos de corrupción. Agravado por la centralización y concentración de las decisiones en el ejecutivo, que facilitó al MEF acrecentar su poder técnico-político, para lo cual ha sumado, progresivamente, funciones que exceden a su labor principal de obtener mayores recursos públicos; en un marco de baja presión tributaria (una de las más bajas de Sudamérica).

Sin embargo, la crisis sanitaria y la necesidad de políticas fiscales de reactivación, desnudaron su incapacidad para gastar en función de las prioridades de la emergencia y el desarrollo del país.

Este superministerio, iniciado en 1993 con la constitución de Fujimori, ha concentrado las inversiones, las compras y/o contrataciones públicas, y recientemente la unificación de las remuneraciones del sector público. A ello se suman las restricciones de gasto, como los desfases en las autorizaciones de uso de los recursos presupuestados para las unidades ejecutoras (gobiernos regionales y locales), los cuales terminan reportados como incapacidad de gasto.

La agilización y simplificación de procedimientos administrativos de compras de los últimos años, no necesariamente han mejorado la integridad, eficiencia y rendición de cuentas en las contrataciones. Esto debido a que las entidades públicas tienden a priorizar el elemento de precio (los más bajos) al evaluar las propuestas para obras, servicios y bienes; en lugar de enfocarse en criterios como el costo del ciclo de vida, la calidad, la innovación y el desempeño ambiental; afectando la calidad del gasto público, a pesar de que la ley de contrataciones establece que las adquisiciones del Estado se deben dar en un contexto de calidad-precio.

El MEF es juez y parte del diseño y ejecución de las políticas públicas, y no tiene contrapeso que lo controle; por lo cual deja de cumplir su rol básico de Hacienda, que es financiar el presupuesto público a través de la captación de impuestos.

Para combatir la corrupción y obtener contrapesos técnico-políticos, no es necesario cambiar ahora la Constitución, en su lugar, el MEF debería ser un Ministerio de Hacienda y trasladar el Sistema de Inversión Pública al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, para impedir proyectos sin sustento técnico ni económico; y volver, lo antes posible, a la bicameralidad, asegurando la idoneidad ética y profesional de los senadores, pues el senado es la única institución capaz de generar un contrapeso de poderes en el Estado.

Por ejemplo en 1987, mientras presidía la Comisión Investigadora del Dólar MUC del Senado, integrada por el recordado Javier Diez Canseco, y al actual ministro de economía, Pedro Francke, como asesor, se acusó ante el pleno a 5 ministros de Estado de ese entonces, incluyendo al ministro de Economía, quienes pertenecían, al igual que yo, al partido aprista (mayoría en el Senado), frente a lo cual, el Senado decidió acusarlos ante el Poder Judicial; haciendo respetar su fuero.