El sur andino nuevamente será clave en las próximas elecciones

La política peruana suele mirar al sur andino quechuahablante solo en campaña. Sin embargo, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno —con altas proporciones de población que tiene al quechua como primera lengua— concentran una dinámica sociopolítica singular: identidades lingüísticas sólidas, redes comunitarias activas, memoria de movilización y una cultura organizativa capaz de consolidar el voto de un modo poco frecuente en otras regiones. En conjunto, representan cerca del 20% del electorado nacional.
Mi experiencia llevando robótica educativa en español y quechua a las comunidades de Pamputa y Fuerabamba en Apurímac, gracias a un proyecto con la minera XSTrata en el 2007, me permitió corroborar esta realidad, pues junto con mi equipo técnico y educativo, alterné por seis meses con las comunidades y con la empresa en simultáneo.
En el sur andino, la política tiene anclaje territorial y comunitario. Rondas campesinas, asociaciones de agricultores, comités de agua y gremios docentes actúan como redes de confianza que validan o rechazan candidaturas. Esa sociabilidad genera un “cierre de voto”: cuando una propuesta sintoniza con los valores, la lengua y la memoria del territorio, el apoyo se vuelve coherente y sostenido. En 2021, la candidatura que lideró en estos departamentos obtuvo cerca del 55% en primera vuelta y casi el 90% en la segunda. En un contexto de fragmentación partidaria, este bloque se vuelve decisivo e inclina la balanza.
La representatividad no se logra con un apellido andino en la lista ni con un eslogan bilingüe de última hora. Requiere bancadas con cuadros de pueblos originarios en los departamentos donde sus lenguas son mayoritarias. De preferencia, liderazgos formados y socializados en la propia región, con educación básica y superior cursada en el Ande y trayectoria reconocida por sus comunidades.
Los partidos deben establecer cuotas para diputados, senadores y parlamentarios andinos, que aseguren la presencia efectiva de representantes bilingües de poblaciones originarias en sus listas. Postular representantes con raíces y trabajo real en el territorio no es un gesto simbólico: es condición para articular agendas nacionales y transfronterizas andinas.
El caso de Puno —como también los de Huancavelica, Cusco, Apurímac y Ayacucho— muestra una evolución política nítida. En los años ochenta, Acción Popular y el APRA concentraban la representación parlamentaria; con el tiempo, el electorado se inclinó hacia movimientos andinistas, nacionalistas o de raíz regional. Esa transición refleja la búsqueda de una representación auténtica, construida desde el territorio y no delegada desde Lima.
Convertir las lenguas originarias en lenguas de ciudadanía es clave para el desarrollo. Cuando el Estado se comunica en lengua materna, mejoran el acceso a derechos, la empleabilidad y la eficacia de sus políticas. En esa línea, resulta decisivo el proyecto de ley sobre alfabetización digital en quechua, pendiente de dictamen en el Congreso desde hace cuatro años. Su objetivo es incorporar vocabulario tecnológico, económico y cívico a nuestra lengua nativa, habilitando formación y servicios digitales en la era de la inteligencia artificial.
Actualizar el quechua al vocabulario tecnológico no es un gesto cultural, sino una medida de política económica. En regiones donde la PEA quechuahablante sostiene la agricultura familiar y el comercio local, brindar formación digital en lengua materna eleva la productividad, formaliza transacciones, mejora precios, abre crédito e integra a jóvenes que hoy permanecen al margen de la economía.
Los partidos deben pasar de buscar votos a construir representación real. Incluir liderazgos originarios en sus listas, comunicar en lenguas nativas con equipos locales, y promover la alfabetización digital en lenguas originarias son pasos esenciales. También deben descentralizar sus estructuras y postular representantes que provengan del Ande. Solo así la política podrá hablar —en sentido literal y simbólico— el mismo idioma que las comunidades a las que pretende servir.
A mediano plazo, el país debe discutir una reforma que asegure la presencia de pueblos originarios en el Congreso, al estilo de los escaños reservados o circunscripciones indígenas vigentes en otros países, manteniendo estándares de idoneidad y control ciudadano. No se trata de privilegios, sino de corregir una infrarrepresentación histórica.
Garantizar elecciones donde todos se sientan representados es más que un principio democrático: es una estrategia de desarrollo. Cuando la voz del sur andino se escucha en su lengua y con sus propios voceros, el país gana en legitimidad, cohesión y horizonte común. El reto no es “conquistar” el voto del sur, sino representarlo de verdad.

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