El Tren de Aragua y las justas causas de la guerra

El Tren de Aragua le ha declarado la guerra al Perú, y lo que corresponde es que nuestro país declare formalmente la guerra a las bandas delincuenciales de ese tipo, de acuerdo a la Constitución Política y a las justas causas de la guerra. Este artículo sostiene dos hipótesis: Una, que las organizaciones delincuenciales, como el Tren de Aragua, quebrantan el pacto social y establecen una cierta gobernanza criminal en un Estado paralelo, pues “ejercen” funciones propias del Estado formal, como las de coacción con su ejército delictivo transnacional, y hasta jurisdiccionales como en la cárcel de Tocorón, de la que son originarios; y dos, que el Perú, debería declararles la guerra interna a estas bandas delincuenciales. Ambas hipótesis y su desarrollo constituyen la versión peruana del libro de Ronna Rísquez (2023): El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Caracas: Dahbar. Michel Foucault, al ocuparse del contractualismo, sostiene que el hombre delincuente se encuentra fuera de la ley, y fuera de la naturaleza. La idea es que hay un tipo de delincuente es un monstruo, pues es enemigo de la sociedad, y que al romper el pacto social retrotrae a los demás hombres en general al estado de naturaleza. El maestro francés dice esta clase de delincuente es el “enemigo común”, más peligroso que cualquier otro enemigo, pues es un traidor que comete sus actos antisociales desde el interior de la propia sociedad. En esto, hasta cierto punto, Foucault es rousseauniano. Pues, Jean-Jacques Rousseau considera que “cualquier malhechor, atacando el derecho social, se hace por sus maldades rebelde y traidor a la patria; violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros; y aun se puede decir que le hace la guerra. En tal caso la conservación del estado es incompatible con la suya; fuerza es que uno de los dos perezca; y cuando se hace morir al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. El proceso y la sentencia son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y de que por consiguiente ya no es un miembro del estado. Mas como ha sido reputado tal, a lo menos por su residencia, se le debe excluir por medio del destierro como infractor del pacto, o por la muerte como enemigo público; pues semejante enemigo no es una persona moral, es un hombre, y en este caso el derecho de la guerra es de matar al vencido”. La realidad es que los peruanos vivimos una cierta declaración de guerra unilateral, únicamente por parte de las bandas delincuenciales transnacionales y paraestatales.

Lo que corresponde es que el Perú construya un derecho, en términos foucaultianos, como “una manera reglamentada de hacer la guerra”, y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de manera conjunta, libren dicha guerra en las calles, pues son el escenario, el teatro de operaciones, del conflicto armado. Entendámoslo: Se trata de una delincuencia que comprende una gran cantidad de actos antisociales y de los tipos penales, cuyas operaciones las ejecuta a una escala tal, que cuestiona al propio Estado peruano. Es decir, no se trata de una delincuencia común, que pueda ser controlada y vencida únicamente por las policías nacional y municipal, ni tratada de manera tradicional con la categoría “seguridad ciudadana”. Asumámoslo: Se trata de delincuentes con los cuales no es posible forma alguna de economía del castigo, y menos de “la corrección”; y sobre los cuales no son posibles las ideas foucaultianas de “la reconstrucción del sujeto jurídico del pacto social”, y menos de “la reforma del alma”. Ronna Rísquez dice que el Tren de Aragua es una mezcla de pensamiento estratégico y violencia extrema que, en determinados espacios, está reemplazando al Estado venezolano. En Perú tenemos ya suficiente memoria de esta delincuencia transnacional: El Tren de Aragua, y las bandas delincuenciales de esta especie, le han declarado la guerra a la sociedad peruana, y lo que corresponde es que nuestro país les declare formalmente la guerra, de acuerdo a la Constitución Política y a las justas causas.

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