El valor de la justicia

Una noticia altamente positiva fue lo que ocurrió con el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, al ser repuesto por el Poder Judicial en el cargo del que había sido separado, arbitrariamente, por el Ejecutivo. El PJ tomó esa decisión luego de evaluar la demanda de Amparo que interpuso Soria, solicitando que se declare “ilegal” e “inconstitucional” la resolución que lo había cesado en el cargo.
Decisiones como esta, devuelve a la ciudadanía la esperanza de que el atropello a los derechos de las personas puede ser enmendado con la aplicación de una correcta administración de justicia. Fue el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional, quien resolvió declarar fundado el recurso del procurador en contra del Despacho Presidencial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en ese entonces, dirigido por el actual presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres.
La sentencia dispuso “ordenar a la demandada proceda a reponer al demandante en su cargo de procurador general del Estado”, orden que fue acatada, a regañadientes por el gobierno, que intentó dilatar su ejecución. “Sobre la reposición del procurador Soria no hay una sentencia firme al respecto, si se llegara el caso de que exista una sentencia definitiva, nosotros, respetuosos de las decisiones judiciales, ejecutaremos esa resolución inmediatamente”, expresó Torres Vásquez olvidando lo que al respecto dispone el Código Procesal Constitucional.
El procurador Soria fue removido de su cargo al atreverse, en diciembre del año pasado, a denunciar al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, luego que se conociera de presuntos actos de corrupción en diversas entidades y de las visitas de la empresaria Karelim López a Palacio de Gobierno. Se comentó, por entonces, que las visitas de la empresaria, hoy acogida como testigo protegida, tenían por finalidad asegurarse de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar: destituyó a Soria del cargo que ocupaba. Juristas consultados por la prensa, alertaron que la medida se habría tratado de un cese “manifiestamente ilegal”. Incluso, alguno de ellos advirtió que se hizo con ‘’tres claros propósitos’’: a) un acto de venganza contra Soria; b) un mensaje meridiano de lo que le podría suceder a cualquier otro Procurador que se atreva a denunciar al presidente; c) afectar las investigaciones en su contra debilitando a la Procuraduría General del Estado.
No olvidemos que este organismo tiene la competencia de regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado, según mandato del artículo 47 de la Constitución Política del Perú. En el portal oficial de este organismo se puede leer : “somos el ente rector que mantiene y preserva la autonomía, la uniformidad y la coherencia en el ejercicio de las funciones de los procuradores públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional. Fortalecemos, unificamos y modernizamos la defensa jurídica del Estado, a través de una gestión altamente especializada, honrada y eficaz que proteja los intereses del país”.
Sin embargo, ello no importó mucho cuando el jefe de Estado tomó la decisión de separar al procurador Soria, al ver que este no resultó ser obsecuente al poder de turno. Así las cosas, el Poder Judicial dispuso el retorno a la normalidad al interior de la Procuraduría General.
Ojalá que esta experiencia sirva de freno para quienes pretendan violentar las leyes, ejerciendo el abuso de poder.

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