Elecciones discutidas, democracia arruinada

Los sistemas electorales son fundamentales para que la democracia se consolide y evolucione. La labor de los organismos electorales es también vital, deben inspirar confianza en los todos los participantes, resolviendo con transparencia, imparcialidad y predictibilidad. Cuando no ha sido así, el régimen democrático ha entrado en crisis y, al final, en procesos involutivos de anti-política e incluso dictaduras.
Las elecciones presidenciales de 1931 fueron especialmente difíciles, el Perú había dado un salto de modernización en el gobierno de Leguía pero se había perdido institucionalidad. La crisis económica internacional nos impactó debilitando a los partidos moderados, polarizándose el voto entre la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro y el Partido Aprista de Haya de La Torre. Las irregularidades producidas no fueron aclaradas y el Apra desconoció los resultados, iniciándose una etapa de violencia que el historiador Thorndike llamaría “el Año de la Barbarie”. La expulsión de los apristas y socialistas del Congreso Constituyente, el ataque al cuartel O’Donovan durante la Revolución de Trujillo, el fusilamiento de miles en Chan Chan y el asesinato del presidente en el hipódromo de Santa Beatriz, fueron el preludio de un largo autoritarismo.
Producidas las elecciones de 1962, Acción Popular y parte de las Fuerzas Armadas denunciaron irregularidades en el conteo de votos, el JNE demoró demasiado la resolución final, y aunque Haya alcanzó el primer lugar y Belaunde el segundo, ninguno obtuvo el porcentaje suficiente, por lo que el Congreso debió elegir al nuevo presidente. A falta de solo 11 días para el cambio de mando, se produjo un golpe de estado contra Prado, pero obviamente dirigido contra Haya. El resultado fue que el siguiente período, ya con Belaunde en Palacio, hubo dos bloques radicalmente enfrentados, la “Coalición” Apra-UNO, y la “Alianza” AP-DC, que al no lograr acuerdos políticos dieron espacio para el golpe de Estado de Velasco.
De manera similar, las elecciones presidenciales de 2016 culminaron con el partido que obtuvo la una inusitada mayoría en el Congreso reclamando irregularidades durante el desarrollo del proceso. La consecuencia, una dura confrontación que produjo la renuncia del presidente elegido, la cárcel a la líder opositora y la inconstitucional disolución del Congreso.
Evidentemente, no es conveniente generar tanta expectativa en una dramática elección presidencial que entrega, por completo, todo el gobierno a un candidato que puede no representar ni el 20 % del electorado; en lugar de que los representantes de las diferentes perspectivas ideológicas, reunidos en el Parlamento, acuerden voluntades y el gobierno exprese una verdadera mayoría y un programa de consenso.

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