En algún lugar de la memoria

Resulta curioso que “conservadores” y “progresistas” disputen con afiladas críticas la carta conjunta enviada por la presidenta de la República y el presidente del Congreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que rechaza la postura de la instancia supranacional contra el dictamen que busca establecer que el delito de lesa humanidad no es retroactivo, apelando a una memoria que pone la democracia en el centro de un conflicto que, al parecer, permanece intacto y no está resuelto aún.

Jurídicamente, el cuestionamiento principal de quienes sostienen la Ley promulgada por el Congreso es que los supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos antes de firmar el Estatuto de Roma no existen en el Código Procesal Penal peruano como delitos, razón por la cual no tendría sentido continuarlos.

A contracorriente, sus detractores sostienen que esta Ley no puede ir contra un acuerdo internacional cuya razón de ser es establecer que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, caiga quien caiga.

Más allá de la disputa jurídica, existe una disputa narrativa y política mucho más compleja e interesante. La CIDH comete un grave error al implicar que “el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos” por el solo hecho de haber aprobado esta Ley. Su sola afirmación justifica –a nuestro parecer– la respuesta enérgica y contundente de nuestras autoridades, guste o no a una minoría “ilustrada”, que pretende cuestionar la representación legal de las mismas por su desaprobación ciudadana.

Lo cierto es que Gobierno y Congreso están haciendo política y avanzan a pasos agigantados en una agenda país que responde a sus intereses particulares. Las fuerzas mercantiles, informales e ilegales que se encuentran detrás tienen todo el “derecho” de ejercer el poder, así como lo podrían hacer sus opositores si logran respaldo ciudadano. La fotografía del momento no muestra rechazo ciudadano a esta Ley.

No vemos gente en las calles protestando contra la medida. Sí vemos, por el contrario, una corriente de opinión más favorable a que instancias supranacionales no impongan posiciones políticas en el ámbito nacional, algo que corresponde a las autoridades de un sistema que, para la mayoría de los peruanos, no es una dictadura o algo que se parezca.

Lo que sí debe quedar muy claro en la memoria de todos los peruanos es que el país sufrió un ataque generado por grupos terroristas que impactó en nuestra seguridad y democracia, y que –prescriptibles o no– la razón no puede imponerse por la fuerza de las armas y la violencia. Ambas narrativas hacen referencia a este lugar de la memoria en el imaginario ciudadano que parecemos haber perdido o no procesado adecuadamente.

Este continúa siendo un lugar gris y oscuro donde aún se dan batallas entre estas narrativas en conflicto, que aún no definen la historia oficial hegemónica. En ello radica el verdadero conflicto armado de narrativas que no logramos resolver.

Por Juan Carlos Ruiz Rivas

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