En defensa de las prefecturas

Nuevamente cobra vida el debate sobre la eliminación de la figura de prefectos y subprefectos, a propósito del caso Nicanor Boluarte relacionado con el nombramiento de tales funcionarios, supuestamente propuestos por el hermano de la jefa del Estado, mediando cobro de dinero y el condicionamiento de la recolección de firmas para la constitución del partido Ciudadanos por el Perú, todo en hipótesis del Ministerio Público.

Desde esta columna, me permito hacer algunas reflexiones sobre la necesidad de no prescindir de estas instituciones que forman parte de nuestra tradición, cuyos orígenes, como sabemos, datan del siglo XVIII, entonces conocidas como Intendencias y que, disueltas a causa de nuestra Independencia, pasaron a llamarse Prefecturas. En ambos casos cumplieron y cumplen funciones de carácter administrativo y político, en representación del gobernante de turno.

Lo cierto es que, junto con los alcaldes, la autoridad más inmediata, visible y cercana de los pobladores, sobre todo de las comunidades de las zonas altoandinas, amazónicas y de frontera, son los prefectos y subprefectos, y en forma especial los tenientes gobernadores, que si bien estos últimos cumplen funciones dentro del aparato estatal, no perciben sueldo, su trabajo es ad honorem. Según datos del Ministerio del Interior, en octubre del 2022 se contaban por 158 mil, a la fecha ese número debe ser mayor.

Las citadas autoridades, a pesar de los cambios en la estructura del Estado, han preservado principalmente el rol de coadyuvar con los gobiernos subnacionales y la sociedad civil en la paz social, que se sostiene sobre la base del mantenimiento del orden interno. Siendo que ellos integran el Ministerio del Interior, su nombramiento emana de este sector.

Si bien existe un marcado descontento en la ciudadanía en materia de seguridad, porque la delincuencia y el crimen organizado han rebasado la capacidad del Estado, flaco favor le haríamos en la lucha por erradicar estas lacras, suprimiendo a uno de sus actores más inmediatos en las comunas. En mi experiencia como ministra, pude apreciar en las zonas críticas del interior del país, antes a veces que cualquier otra autoridad, la presencia de prefectos o subprefectos y tenientes gobernadores durante emergencias por desastres naturales, heladas y friajes, derrumbes en minas, conflictos sociales, etc.

También recordemos que dichos funcionarios participan en la prevención (otorgamiento de garantías personales) de la violencia contra las mujeres y atención de las víctimas, en la medida de sus posibilidades (muy modestas), habiéndoseles (el Ministerio de la Mujer) integrado en la Estrategia Rural Multisectorial, sobre todo por aquello del enfoque intercultural que demandan los pueblos indígenas u originarios y la población afroperuana.

Más recientemente, les hemos visto articulando acciones con la ciudadanía y demás autoridades para mantener el orden y la tranquilidad, y supervisando que los servicios públicos esenciales no se paralizaran durante la pandemia de Covid-19. Quizás en Lima no se les valore mucho, pero en provincia sí. La idiosincrasia del poblador del interior, dado a que en antaño representaban al virrey y posteriormente al presidente, es cuadrarse ante un Prefecto Regional, reconociéndole tácitamente ascendencia.

Verle es como estar ante el jefe del Estado; el nivel de coordinación y confianza es de primera mano. No es centralismo, es realidad nacional. Si ha habido vivarachos que pretendieron darle mal uso a la institución, la justicia se encargará de ellos. En todo caso, mejoremos su marco normativo acorde al proceso de descentralización, pero no los eliminemos.

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