En minería e hidrocarburos, imponer elemental legitimidad y prohibir paralizaciones
El capitalismo salvaje, mundialmente ya está remplazado por el capitalismo racional por decisión de la ONU-FMI.
Ahora, ya es delito universal hacer actividad extractiva con sangre y oposición de las poblaciones.
Acatado y apoyado este principio por los 10 países desarrollados, es resistido por países subdesarrollados como Perú.
Al no entregar la porción que corresponde al país del mineral extraído anualmente, las empresas extractivas están en delito flagrante : Nacionalmente, «apropiación ilícita». Supranacionalmente, «Prácticas corruptas en el extranjero».
Ahora, con la inauguración de la nueva refinería de Talara, la situación nacional ha cambiado profundamente: La nueva refinería significa el reflote de Petroperú, que los 9 yacimientos adyacentes y los 3 de la Selva tienen que volver inmediatamente a ser propiedad de Petroperú, las comunidades adyacentes al oleoducto norperuano formarán parte de la cadena de valor de Petroperú y el gas natural será exclusivamente para la petroquímica, base de decenas de materias primas de laboratorio e industrias consiguientes.
Los políticos, como felipillos a dedicación exclusiva de transnacionales, han convertido al país en territorio bajo ocupación extranjera y total desatención de la agricultura tradicional y mediante dádivas y comedores populares y ollas comunes, han convertido a la considerable población en perezosos y simples comensales.
Si a esto agregamos la cantidad de minas paralizadas, bloqueos de carreteras y desabastecimiento de las ciudades, la tranquilidad ciudadana ya es imposible.
La puesta en marcha de la refinería, convierte al presidente Castillo en estadista a condición de que con igual decisión, mediante decreto de urgencia, imponga un mínimo de legitimidad a la vida nacional y así poder llegar al 2026.
El Perú será vivible solamente si las transnacionales de su situación de delincuentes pasan a una situación algo sana; lo que significa expulsar a Odebrecht, monumento a la corrupción; que el presente año 2022, el Estado perciba la porción que le corresponde de lo extraído en el 2021, de no hacerlo, detenciones preventivas para sus ejecutivos e intervención de sus empresas que de ninguna manera pueden parar, que las comunidades adyacentes a las mineras integren su cadena de valor; que se pongan precios a los artículos de consumo garantizando a los productores una utilidad razonable y proscribir el ocio y la desocupación, obligando el trabajo remunerado en la erradicación del quikuyo (grama) que ha arruinado las tierras agrícolas de la Sierra.
Para las medidas expuestas, consultar con Confiep, SNI, CGTP, Universidades UNI y La Molina y principalmente Concytec y consultoría con la OCDE.
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