En permanente zozobra

Sólo comparable con los momentos más críticos y violentos de nuestro país, los peruanos de las zonas urbanas nos sentimos tan amenazados e inseguros como antes. Ahora nadie está libre del sicariato, extorsiones, asaltos y asesinatos. Sobra en este gobierno gente incapaz que, por su inacción, nos tiene en permanente zozobra. Sin un plan para combatir la delincuencia, se ha fortalecido a inescrupulosas organizaciones que matan sin compasión. No pueden seguir tratando con guantes de seda a desalmados delincuentes que no dudan ni un segundo en meterle siete balazos a un chofer, un emolientero, un ambulante o al vendedor en un puesto de mercado por no cumplir con pagar los cupos exigidos.
Los sueños de cientos de miles de emprendedores se desvanecen y se convierten en una pesadilla interminable en la que ven perder todo lo que lograron con mucho esfuerzo. Ante el temor, muchos deciden abandonar sus negocios. En los últimos tres años, los gobernantes de turno cambiaron cada tres meses al ministro del Interior y cada seis al jefe máximo de la PNP. ¿Qué plan podría pretender ser exitoso con tantos cambios? Nuestra Policía, sin respaldo y ninguneada, enfrenta con espada de madera a una organizada guerrilla transnacional que, con armamento moderno, impone sus “reglas de juego”.
La migración permisiva e indiscriminada, que legalizó PPK, hoy muestra a sus podridos “frutos”, sembrando terror ante la impotencia y pasividad de nuestras autoridades. El Ministerio Público, en los últimos años, ha ejercido una función para la que no estaba capacitado: investigar la delincuencia común. El sistema judicial también se ve amenazado por las mafias. Fiscales y jueces, desprotegidos y temerosos, optan por liberar a avezados delincuentes capturados muchas veces y en flagrancia. Nuestras cárceles, tugurizadas, han excedido su capacidad y no hay espacio para miles de nuevos inquilinos; sin embargo, no hay decisión política para construir más de inmediato.
El país está a punto de quedar paralizado. Estamos hartos de la indiferencia del Ejecutivo, que responde con el silencio de la presidenta y se protege con las leyes y la complicidad de congresistas radicales, también investigados, quienes no tienen voluntad ni autoridad moral para hacerle frente al terrorismo urbano.
Las cifras son espeluznantes. Deberían retomarse las estrategias que antes ya funcionaron. Se requiere mano firme y pierna fuerte para restablecer el principio de autoridad. Los derechos son para los buenos ciudadanos. Es hora de los jueces sin rostro. Deportación automática a delincuentes extranjeros. Cadena perpetua a extorsionadores. Construir más cárceles en lugares inhóspitos. Acumulación de sentencias sin límite de años. Un soldado armado en cada bus con orden de disparar. Inteligencia para infiltrar las transnacionales del crimen y capturar a sus cabecillas. Millones de peruanos olvidados, desesperados, exigen seguridad y protección.

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