…en un vaso de agua

“Ahogarse en un vaso de agua”, es una antigua expresión coloquial que se refiere a preocuparse demasiado por una cosa a la que se le da demasiada importancia de la que realmente tiene. Que le cuesta al JNE solicitar la lista de cada una de las mesas, de cuyas nulidades se solicitan, para establecer la existencia o no de las eventuales anomalías que se vienen denunciando. Una cuestión tan simple evitaría que se produzcan tantos reclamos e incertidumbres sobre el resultado de la segunda vuelta presidencial, ello debido a una extraña resistencia de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para transparentar lo ocurrido en el ballotage y garantizar a la ciudadanía que el proceso se llevó a cabo con limpieza y ajustado a ley, sin mancha de ninguna irregularidad.
Lamentablemente, frente a la ausencia de esa garantía, uno de sus miembros, el Dr. Luis Arce, decidió declinar a seguir siendo miembro de ese organismo en representación del Ministerio Público de donde procede.
Lo que señaló el magistrado que se apartó de seguir integrando el JNE es muy grave y debería merecer la atención no sólo de las autoridades competentes, sino de la población en general. Para empezar, dijo que se retiraba para “evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones” Es decir, se negó a ser parte de un Jurado que lejos de ofrecer confianza y garantía de imparcialidad, representaba, a juicio del alto funcionario, todo lo contrario.
Al margen de que si su declinación es legal o no, el Dr. Arce puso al descubierto situaciones insospechadas como que “las denuncias por un supuesto fraude así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del Sr. Jorge Salas Arenas para hallar la verdad electoral evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos”, lo cual vino a caer como un baldazo de agua fría en la población.
Y a propósito de ello, debemos recordar que el artículo 176 de nuestra Constitución establece que la finalidad del Sistema Electoral es asegurar que las votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontanea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto de la voluntad popular. Claro está que ello se logra agotando, en extremo, toda la actividad probatoria que conduzca a establecer que se ha cumplido con la Carta Magna.
Nunca antes, que se recuerde, habíamos pasado por una experiencia como la ocurrida ahora en esta segunda vuelta electoral. Una mitad del país, representada en la candidata Fujimori, viene reclamando transparencia y legitimidad en la elección del nuevo mandatario. Sus representantes han pedido se muestren los padrones para comprobar si en realidad existen votos tramposos, muertos y hasta menores de edad habilitados para votar, familias enteras integrando una misma mesa, firmas falsificadas. Ellos exigen que se respete el voto popular. En este propósito las autoridades del JNE son las únicas que están en capacidad de ofrecer esa garantía de transparencia para legitimar y ungir al candidato ganador, recordando que sus decisiones se basan en su criterio de conciencia, vale decir superar los requisitos formales y resolver razonadamente los hechos para encontrar la verdad real y no aquella que se genera cumpliendo meros trámites burocráticos. No se ahoguen en un vaso de agua.

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