Encontremos la verdad
El jueves en horas de la mañana caminando por los pasillos de las oficinas del Ministerio Público, me encontré con mi buen amigo Erasmo Reyna, abogado del presidente Alan García, luego de los saludos protocolares le hice memoria sobre que fue el único profesional que logro una declaración de Barata, aquel gran corruptor de Odebrecht en el sentido que él jamás había sobornado al expresidente, lo cual concuerda con que hasta la fecha los felipillos no han podido demostrar que el dinero que se les encontró pertenecería a Alan García, imputación que dieron cobardemente para evitar ir a la cárcel.
Ahora nos encontramos en un escenario realmente digno de una novela de Kafka. El colaborador Jaime Villanueva, que con su sola versión origino que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le iniciara un proceso inmediato a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides que a la postre genero su suspensión, ha declarado que los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, conjuntamente con el periodista Gustavo Gorriti realizaron, previa concertación y orientación del periodista, una serie de “acciones legales” para crear indebidamente una carpeta fiscal contra el expresidente García, decretando primero su impedimento de salida del país, al cual había retornado para cumplir con asistir a una diligencia convocada por la fiscalía y luego su detención preventiva la que no llego a consumarse por la decisión fatal de quitarse la vida.
Si el solo dicho del aludido colaborador genero un terremoto en las alturas de la Fiscalía de la Nación, lo que ha hecho conocer Milagros Leiva debe seguir el mismo camino, pero no quedándose en la ahora paciente actitud del JNJ sino que debe intervenir el Congreso de la Republica formándose una comisión investigadora, así como la propia fiscalía por intermedio de su Autoridad de Control, además de la fiscalía de la Nación por la evidente comisión del delito de Organización Criminal habida cuenta que se trata de más de dos personas que de manera concertada y coordinada se repartieron diferentes tareas o funciones con el fin de socavar el debido proceso a que tenía derecho Alan García, de lo contrario aquellos funcionarios que eviten se concrete las investigaciones serian cómplices, y nuestro país un espectador privilegiado de la arbitrariedad con que actúan quienes deben respetar la Constitución.
Estas declaraciones también involucran al Fiscal Supremo, Pablo Sánchez, a quien escuchamos ordenando indebidamente a un fiscal provincial que suspenda una diligencia a solo pedido de Gorriti. Esta grosera interferencia no le movió el pelo a la JNJ, ciega, sorda y muda. También, la declaración del colaborador deja mal parado al fiscal Sánchez al indicar que sumisamente fue a buscar al director del diario La República a fin de explicar que no tenía nada que ver con el allanamiento al local del partido Fuerza Popular, fuera de ello también el colaborador precisa que Pablo Sánchez, adrede, archivo la investigación del caso Chinchero para que pueda asumir, Martín Vizcarra, la presidencia de la República.
Estas declaraciones, de ser corroboradas, desnudan la falencia moral con la que actúan algunos fiscales los que deben ser sancionados con todo el peso de ley, pues dada sus condiciones personales su comportamiento se agrava, más aún que con su conducta indujeron a que un expresidente termine suicidándose y ello no tiene perdón ni de dios ni de la justicia; ojalá se investigue ordenadamente, sin apasionamientos, respetando el principio de legalidad, solo con la finalidad de saber la verdad. Acá no cabe el doble rasero, si la declaración de Villanueva destronó a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, su declaración debe tener la misma validez para suspender a los fiscales comprometidos en la tramoya del caso García y la del archivamiento del tema Chincheros, así como disponer el inicio de la investigación preliminar a Gustavo Gorriti. Esperamos que la JNJ y la fiscalía actúe con sindéresis, y no con la vista puesta en otro lado.
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