¿Encuesta tracalera?

La última encuesta de Datum, publicada por el diario Perú 21 y promocionada ampliamente por varios medios de comunicación, arroja resultados sorprendentes e inexplicables. Inverosímiles, diríamos mejor.

Resulta, en efecto, que dicen que la mayoría de peruanos (63%) respaldan la decisión de los fiscales Vela y Pérez de autorizar a Odebrecht para continuar trabajando con el Estado, a pesar de que ese consorcio ha corrompido a numerosas autoridades, incluyendo jefes de Estado, para ganar mafiosamente varias licitaciones públicas.

Pero también los mismos magistrados adoptaron la cuestionada decisión de reembolsarles 524 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, además de no afectar los bienes de sus directivos.

Ello sucede en circunstancias que los brasileños se acogieron a la colaboración eficaz y declararon, bajo juramento, que solo habían coimeado en cuatro de las veinte obras. Poco, después, investigadores ecuatorianos descubrieron que también lo habían hecho en el Gaseoducto del Sur y en otros trabajos.

Es decir, si tomamos como cierto el resultado de Datum, los peruanos seríamos masoquistas que respaldamos que se devuelva dinero a una empresa corrupta y se les permita seguir operando en el país.

Esos resultados no son creíbles. Son, más bien, ofensivos a la dignidad y a la moral de la población, que pretenden presentarla avalando una decisión repudiada por amplios sectores del país.
Pero en estos extraños movimientos, no menos sorprendente ha sido que el presidente Vizcarra cuestione ese pago autorizado por su propio procurador, funcionario dependiente del ministro de Justicia, quien, a su vez, es designado y removido por el jefe de Estado.

El enredo es mayor si consideramos que ahora un procurador denuncia penalmente a otro por haber “pactado irregularmente” la devolución de S/ 524 millones retenidos a la empresa Odebrecht, al mismo tiempo que fiscales y vocales supremos exigen, con legítimo derecho, explicaciones a los fiscales Vela y Pérez.

Es hora que el Congreso designe una comisión especial multipartidaria que investigue con seriedad y rigor el caso de corrupción de mayor gravedad que ha sucedido en el país.