Erradicar los “trabajos” extorsivos
El Concejo Metropolitano de Lima aprobó, por unanimidad, prohibir el “trabajo” de limpiaparabrisas de autos en calles y avenidas. Esta decisión, que deberá ser adoptada por los 43 distritos de la capital, fue tomada luego de que un ciudadano venezolano matara a tijeretazos a un taxista que se negó a aceptar sus servicios.
No quiero pecar de xenófobo, pero lo cierto es que delincuentes venezolanos han adoptado esta actividad ilegal para extorsionar a los conductores: si no das una moneda, ensucian tu vehículo y, de paso, te insultan por “miserable”. Y son, principalmente, las mujeres choferes las que sufren este tipo de amedrentamiento a diario.
Quizás esta medida, impulsada por alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pueda verse como populista, pero vaya que era sumamente necesaria para enfrentar la inseguridad ciudadana.
También urge erradicar a los supuestos cuidadores de autos, quienes no vigilan nada y encima te exigen sumas impensables (ya no se contentan con tu “cariño”, sino que exigen desde 5 soles para arriba). Este “trabajo” es ejercido, en la mayoría de casos, por el más avezado del barrio, que, ataviado de un chaleco fluorescente, asusta a los conductores con la amenaza de que les pueden robar. En la práctica, ¡te están cobrando para no robarte! Si el espacio público no tiene restricción alguna para aparcar, ningún “piraña” tiene el derecho de cobrarte un centavo por hacerlo.
La inseguridad en Lima debe ser atendida de inmediato: no puede ser posible que un sereno reciba un balazo en la cabeza a plena luz del día por intentar frustrar un robo y que nada pase. Estos trabajadores municipales tienen que poder contar con armas no letales para siquiera defenderse de los malhechores. Para eso se necesita que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte promulgue, de una buena vez, la norma aprobada en el Congreso.
A la par, Boluarte debe ordenar la salida de los militares a las calles de la capital como medida de persuasión. Esa tendría que ser la prioridad del Ejecutivo y no inmiscuirse en temas legales, como sucedió con la inaceptable presencia de los ministros de Justicia y del Interior en la conferencia de prensa sobre la incautación de bienes de Joaquín Ramírez. ¿O es que acaso pretenden darle una excusa al corrupto Alejandro Toledo para que se quede en Estados Unidos?
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