Es difícil pensar que el Congreso no dé puntada sin hilo

Se llenan la boca la mayoría de legisladores en el Congreso acerca de la autonomía en los asuntos de su competencia y que por efecto de la separación de poderes, no se les puede enmendar la plana ni interferir en sus acuerdos, lo cual es debatible porque en las democracias no existen poderes absolutos, pero eso será materia de otra discusión o columna de opinión.

No obstante, es el propio Legislativo que atenta contra su propia institucionalidad, al debilitar ante otros fueros, una de sus atribuciones más exclusivas y excluyentes como es la Acusación Constitucional, a la sazón el juicio político que llevan a cabo contra determinados altos funcionarios de los poderes públicos y organismos autónomos y constitucionales, incluyendo a los parlamentarios, ante la comisión de delitos de función o infracciones a la Constitución.

Tanta era la autoridad de la citada atribución que la Carta Magna disponía expresamente, que de aprobarse la Acusación en el Congreso, fuera remitida al Fiscal de la Nación, titular del Ministerio Público, que sin dudas ni murmuraciones debía en el plazo en el plazo perentorio de 5 días, interponer la respectiva denuncia penal contra el alto funcionario ante la Corte Suprema y este fuero abrirle instrucción tal cual el pedido de la fiscalía que a su vez recibió del Legislativo, sin añadirle ni quitarle una tilde.

Sin embargo, tan enfrascados que estaban los jurisconsultos, periodistas, políticos y buena parte de la ciudadanía, en debatir o rebatir, según la opinión de cada sector, tal cual el verso “Todo es según el color, del cristal con que se mira”, sobre la la conveniencia y oportunidad de la Bicameralidad, que se les pasó por las piernas la reforma constitucional de la figura de la Acusación en sede del Parlamento.

Ha tenido que ser alguien increíblemente no salido del Legislativo ni constitucionalista, sino el Presidente del Poder Judicial, quien haga ver a la ciudadanía, que se ha operado una contrarreforma en este sentido y que puede ser contraproducente si existiesen en adelante fiscales politizados o corte suprema politizada que en buen romance, pudieran aplicar criterios subjetivos ajenos a la administración de justicia exigida a ser imparcial, libre de toda influencia del poder político de turno o de simpatías políticas respecto al acusado, que pudiera terminar por favorecerlo o como dijo el Dr. Javier Arévalo,”generar impunidad en el caso de altos funcionarios con derecho al antejuicio”.

Cómo es posible que el propio Congreso le quite autoridad a una de sus prerrogativas más excluyentes, que es la Acusación Constitucional, cuyo procedimiento es complejo y pasa por el filtro de la doble instancia en el seno de este mismo poder, para que perdiendo efectividad, es decir restándole dientes, la dejen a consideración de otras fueros, su revisión o lo pertinencia de acceder a formalizar la denuncia penal en el plazo cierto y perentorio, como estaba regulado desde 1993.

Esta contrarreforma que va contra su propia autonomía, ha merecido el consenso calificado expresado en votos de casi todas las bancadas, lo que puede hacernos leer sobre líneas, de las motivaciones políticas detrás de su aprobación y del perfil bajo de su debate y análisis.

Es difícil no pensar que un fuero político por excelencia, el Congreso de la República, no dé puntada sin hilo.

Es válido por ende, opinar en el mismo sentido del Presidente del Poder Judicial. No se queje ahora el Parlamento porque los operadores de justicia contravengan sus acuerdos, si este mismo da lugar a lo mismo.

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